Las comisiones de ERE financiados por la Junta de Andalucía superan hasta un 550% la media

Las comisiones cobradas por mediadores en ERE financiados por la Junta superan hasta en un 550 % la media que las aseguradoras pagaban a esos mismos intermediarios en otros casos, según un informe remitido por peritos de la Dirección General de Seguros a la jueza María Núñez que investiga las sobrecomisiones.

Los peritos de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía realizaron en el 2014 -a petición de la anterior instructora del caso, Mercedes Alaya- un informe en el que detectaron que en los ERE financiados por la Junta se pagaron más de 66 millones de euros en comisiones por encima de la media del mercado, un promedio que fijaron en el 2 % entre el 2000 y el 2011.

Ratificaron su informe en julio del 2015 ya ante la sucesora de Alaya, María Núñez, quien en mayo del 2017 les pidió ampliarlo indicando "la totalidad de las actuaciones en virtud de las cuales han concluido que es el 2 % la comisión de referencia", petición que reiteró en septiembre.

El nuevo informe ampliado, al que ha tenido acceso Efe, recoge que "el importe de las comisiones de mediadores no está tasado por ley" y "es el mercado libre el que fija los precios", si bien analiza las comisiones cobradas en esos años por mediadores como Aon Gil y Carvajal, Mercer Consulting y Willis Iberia para concluir que oscilan entre el 2 y el 3% en el caso de pólizas financiadas por administraciones públicas.

En el caso de los ERE financiados por la Junta, el informe analiza las pólizas suscritas por las aseguradoras Generali, BBVA Seguros, Mapfre y Vida Caixa -con estos y otros mediadores-, para concluir que aunque generalmente son las aseguradoras "las que determinan el porcentaje de comisiones a pagar a los mediadores", en los ERE suscritos con BBVA "eran los propios mediadores quienes fijaban las comisiones, y normalmente bastante por encima de los precios habituales del mercado".

En concreto, en las pólizas suscritas con BBVA Seguros la comisión media pagada a los mediadores Inversiones Fafner y Rokiblau "en el caso de pólizas de seguros financiadas por la Junta de Andalucía era del 9 %", un "80 % más" que en otras pólizas, donde la comisión media era del 5 %.

Inversiones Fafner cobraba por labores de mediación en los ERE financiados de la Junta una comisión del 8 % frente al 5 % habitual, "un 60 % más", pero Rokiblau recibía un 13 % en vez del 2 % que cobraba en otras pólizas no financiadas por la Junta, "un 550 % más".

Además, la comisión en pólizas suscritas entre los años 2001 y 2005 "fue bastante más alta que en los posteriores".

En el caso de Generali, que trabajaba con las mediadoras Irson e Ingotor, el informe de los peritos destaca que esta asegurada fijaba "un máximo del 2 % en el porcentaje de comisiones a pagar a los mediadores y sin embargo el importe de comisiones pagado fue notablemente superior".

"Las comisiones de Irson e Ingotor alcanzaban el 11 % cuando se trataba de pólizas financiadas por la Junta de Andalucía, bajando el porcentaje de comisiones al 5,21 % y 6,3 % cuando las pólizas no estaban financiadas. Por tanto la intermediación en pólizas financiadas era un 90 % más cara que las no financiadas", señalan.

En el caso de Caixa -que trabajaba entre otras con mediadoras como Uniter, Willis Iberia, Aon Gil, Mercer Consulting o Atlantis- y Mapfre las diferencias eran menores y sus datos no concretan qué pólizas corresponden a ERE financiados por la Junta.

Caixa sólo diferencia entre pólizas financiadas o no por organismos públicos, con una comisión media del 2,67 % en las primeras frente al 1,97 % en el resto.

Mapfre indica que en las 261 pólizas de seguros colectivos emitidas entre el 2000 y el 2016, la comisión media pagada a los mediadores fue de un 0,76 % y de ellas, en las doce emitidas en Andalucía la media fue del 0,84 %.

La jueza Núñez ha citado a los peritos de la Dirección General de Seguros para ratificar este informe el próximo 12 de abril en el marco de esta pieza separada del caso ERE que investiga a responsables de aseguradoras, mediadoras y sindicatos por el pago de sobrecomisiones en la tramitación de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta.