El Parlament admite a trámite las enmiendas de la CUP para apoyar la República catalana

La Mesa del Parlament admitió ayer a trámite las enmiendas de la CUP a la propuesta de JxCat sobre el reconocimiento de Carles Puigdemont y la recuperación del autogobierno. Aunque diputados del PSC y Ciudadanos mostraron su rechazo y votaron en contra de aceptar la enmiendas, la mayoría independentista de JxCat y ERC permitió que las propuestas de los anticapitalistas se pudieran tramitar con normalidad. Durante el debate de la Mesa, los letrados contrarios a las enmiendas hicieron constar que en la anterior legislatura se dictaron sentencias y advertencias por parte del Tribunal Constitucional (TC), por los que algunas de las enmiendas propuestas por la CUP podrían ser anticonstitucionales y su admisión a trámite una desobediencia del Constitucional. Los diputados de los partidos independentistas explicaron que las advertencias del TC iban dirigidas a los anteriores miembros de la Mesa, por lo que ellos, como nuevos miembros del órgano parlamentario, no habrían sido formalmente avisados de nada que les impendiera iniciar la tramitación.

En este sentido, explicaron que su prioridad es que en el Parlament se pueda hablar de todo. “La Mesa no es un órgano censor ni de control del TC” explicaron desde fuentes soberanistas, y añadieron que “tiene el deber de proteger el derecho a la iniciativa política de todos los diputados. Además, avisaron de que algunas de estas enmiendas ni tan solo llegaran a votarse, ya sea porque JxCat no las acepte o porque sean transaccionadas entre los independentistas, hecho que modificaría los textos.

Puigdemont explicó que en España solo un 58% de los ciudadanos tiene confianza en el sistema judicial

Aunque en un principio la CUP incluyó en sus enmiendas el reconocimiento de la declaración de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), a última hora de la tarde llegaron a un acuerdo con JxCat para eliminar este punto de la votación, evitando de esta forma poner en riesgo a los diputados independentistas. Entre otras de las propuestas presentadas encontramos la propuesta de votación para indicar que el bloqueo de la política catalana está “motivado por el golpe de Estado del 27 de octubre del 2017, la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y la represión sobre el movimiento republicano y democrático”. Además, se pide iniciar un debate sobre el futuro de la situación “respetando el mandato democrático del referéndum del 1 de octubre del 2017 y las reivindicaciones sociales expresadas en las huelgas generales de los días 3 de octubre y 8 de noviembre”. También se “urge a establecer un Govern efectivo” escogido por el Parlament de Catalunya, sin interferencias del Estado, para reestablecer el autogobierno.

Barcelona

Carles Puigdemont explicó el martes en el acto con las juventudes del partido liberal flamenco Open VLD en Gante (ver SEGRE de ayer) que “si el Parlament decide investir a otra persona lo respetaré”, aunque matizó que la mayoría de diputados catalanes quieren hacerlo presidente.

Puigdemont exigió también, en una entrevista publicada ayer, una reforma en profundidad del sistema judicial en España y afirmó que en este país no existe separación de poderes, poniendo como ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y el encarcelamiento de los líderes soberanistas. “No hay separación de poderes y no se genera seguridad política ni a los inversores ni a los ciudadanos”, defendió Puigdemont, y explicó que “es un punto muy débil en la estructura democrática que nadie ha querido abordar”.

El candidato de JxCat aseguró que el 58% de los ciudadanos españoles siente poca o ninguna confianza en la justicia y destacó que en países europeos como Holanda, este dato no llega al 34%. En este sentido explicó que tan solo el 6,6% siente mucha confianza en el sistema judicial, mientras que en Suecia y Alemania son el 18,6% y 17% respectivamente. Aún así, Puigdemont quiso destacar que existen gran cantidad de profesionales en este ámbito y que el problema reside en la politización de sus cúpulas, siendo imprescindible una reforma para garantizar su independencia.

El Gobierno central amenaza a la Mesa con consecuencias penalesEl Gobierno central advirtió ayer a los miembros de la mesa que los servicios jurídicos de la Moncloa están estudiando “las responsabilidades penales en que pueden incurrir los miembros de la mesa” en caso de aceptar a trámite las enmiendas de la CUP a la resolución presentada por JxCat. Según el Ejecutivo de Madrid, las propuestas de la CUP son de “carácter ilegal y contrarias a la Constitución y el Estatut de Catalunya”.