El Gobierno estatal no recurrirá la declaración del Parlament por ser una decisión política

El Gobierno no recurrirá las resoluciones de ayer del Parlament que reivindican la jornada del 1-O y la legitimidad de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat al entender que se trata de una mera declaración política sin consecuencias jurídicas ni frente a terceros.

Así lo ha explicado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha incidido en que "hasta el momento" la Abogacía General del Estado no ha elaborado ningún informe que señale "rasgos de ilegalidad" en los últimos acuerdos del Parlamento catalán.

Ha añadido que el Gobierno no pretende estar en "una actividad de impugnación permanente" y ha incidido en que la posibilidad de presentar recursos judiciales se estudia cuando se estima que hay actos que violan del marco normativo.

Pero no, ha subrayado, cuando se produce una "estricta" declaración política que carece de consecuencias jurídicas y de efectos frente a terceros.

Catalá entiende que ese es el "criterio de decisión" para impugnar o no las resoluciones y que, por tanto, no hay indicios de ilegalidad en las últimas aprobadas por el parlamento catalán.

"No pretendemos estar en un actividad de impugnación permanente, sino de aquellas resoluciones o disposiciones que tengan efectos frente a terceros y que, por tanto, sean susceptibles de impugnación constitucional o contencioso administrativa", ha insistido, y ha concluido: "Esta de ayer, por lo menos hasta donde yo sé, no tiene esas características en este momento".

Por otra parte, el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo ha asegurado hoy que crear cualquier tipo de estructura paralela del Govern o el Parlament en Bruselas "es imposible" y no tendrían "ninguna efectividad" ni habrá tampoco "ni un euro" del erario público para sufragarlas.

Méndez de Vigo ha confiado, además, en que tendrán "nulo eco" las reclamaciones del expresidente Carlos Puigemont ante organismos internacionales y ha insistido en que las únicas instituciones de una comunidad son las que establece la Constitución y el Estatuto y cualquier otra es "una fantasmagoría".

Así, ha afirmado que la creación de este tipo de organismos, como una Asamblea de Representantes de la República, radicada en Bruselas para actuar en paralelo al Parlament, "son puras irrealidades" y ha asegurado que el Gobierno va a defender en todo momento "la realidad" que es la de la legalidad institucional.