PANORAMA
Hacienda busca los pagos y ayudas a los afines al 'procés'
En especial a periodistas, medios de comunicación y entidades || En otra investigación no halló rastros de malversación
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El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha requerido a las entidades del sector público de la Generalitat que informen sobre pagos o ayudas otorgadas desde el pasado año 2015 a unas sesenta personas, entidades, medios de comunicación y empresas afines al ‘procés’, entre las cuales está el expresidente del ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o la expresidenta del AMI, Neus Lloveras.
El requerimiento, enviado a la interventora general, Rosa Vidal Planella, pide explícitamente que se informe de “la totalidad de los pagos efectuados” por “cualquier concepto” con el objetivo de fundamentar un posible delito de malversación como consecuencia de las diferentes causas relacionadas con el ‘procés’ que se instruyen actualmente.
En la lista de Hacienda están los periodistas Antoni Bassas, Toni Soler o la empresa propietaria del Ara
En la lista de Hacienda aparecen numerosos medios de comunicación o empresas ligadas a ellos, pero se centra sobre todo en el posible pago, partidas, ayudas o subvenciones a las diversas sociedades vinculadas al grupo Mediapro y al diario Ara.
En este último caso, Hacienda también incluye en la lista los nombres de periodistas del diario como Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om o Xavier Bosch. De la misma forma, también figura la empresa Agroalimen, propiedad como el diario Ara de la familia Carulla.
El Gobierno español ya requirió otro informe de la interventora Rosa Vidal, en el que pedían que se les informara sobre los gastos en que había incurrido el Ejecutivo catalán para llevar a cabo el mencionado referéndum.
La respuesta de Vidal aseguraba que no le constaba ningún expediente de gasto con cargo al programa 132 del Presupuesto de la Generalitat para consultas populares. Basándose en este informe, el gobierno español admitió que la Generalitat de Catalunya no gastó dinero público al referéndum.
Sin embargo, desde el ministerio de Hacienda, siguen buscando otras posibles vías de malversación.
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