Puigdemont critica a Llarena por vetar al candidato de ‘más de 2 millones’ de votantes

Carles Puigdemont criticó ayer la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de no permitir a Jordi Sànchez acudir a la sesión de investidura que estaba convocada para el lunes en el Parlament y que fue aplazada en la noche del viernes por el presidente de la Cámara, Roger Torrent. A este respecto, el líder de JxCat acusó a Llarena de “usurpar” las funciones del legislativo al tratar de designar al postulante a la presidencia de la Generalitat. “¿Por qué un juez al que nadie ha votado puede determinar si un diputado que tiene todos sus derechos intactos puede ser o no president?”, se preguntó Puigdemont. Igualmente, se cuestionó si es “más importante” la voluntad de Llarena que la de “más de 2 millones de catalanes”.

En la misma línea, el conseller cesado de Territorio, Josep Rull, que el viernes puso la primera piedra y tomó la palabra en la inauguración de unas obras en L’Ametlla, explicó que el auto de Llarena “refuerza la convicción” de que en España “se están encarcelando ideas”. También el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, insistió en que “ya ha quedado claro que el problema con la investidura” no era “la distancia”, sino que JxCat revalidó el 21D el “compromiso delictivo”, en palabras del propio magistrado Llarena.

En otro orden de cosas, la consellera cesada de Educación, Clara Ponsatí, dio a conocer ayer su traslado de Bélgica a Escocia para reincorporarse como profesora en la Universidad de St. Andrews. Ponsatí dijo que su retorno a Gran Bretaña ha sido posible gracias a la “libertad de movimiento” de la que “goza” como “ciudadana europea”. Este anuncio se produjo el día en el que el resto de consellers cesados que se establecieron en Bruselas, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín aseguraron que la justicia europea irá “acorralando” a los tribunales españoles.

Además, Comín manifestó que tiene “por seguro” que Llarena reactivará la orden de arresto contra ellos, ya que tiene la obligación de perseguir a los presuntos delincuentes en virtud del principio de legalidad. A este respecto, el conseller cesado de Salud confesó que siente “vergüenza” de “ver a un juez intentando construir artificialmente un delito”.

Por su parte, el concejal de la CUP en Girona Lluc Salellas insistió en la necesidad de “llevar a cabo la ruptura con el Estado”. En este sentido, subrayó que “si quieren nuestros votos”, JxCat y ERC “deberán poner sobre la mesa un programa nítidamente republicano y nítidamente social”.