Jordi Sànchez presenta un recurso ante el Tribunal Supremo para poder acudir al pleno

El candidato a la presidencia de la Generalitat por JxCat, Jordi Sànchez, encarcelado en la prisión de Estremera, presentó ayer un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) para que le permita “a la mayor brevedad posible” asistir al pleno de investidura en el Parlament de Catalunya. En el recurso, presentado después de que el magistrado del TS Pablo Llarena le denegara la posibilidad de asistir al pleno, Sànchez pide que la tramitación de desarrolle con “la máxima celeridad”. El candidato de JxCat se basa en “la suma excepcionalidad de los intereses que están en juego”, en referencia tanto a los derechos políticos del propio Sànchez como a los de sus millones de votantes.

Su defensa recalcó que, pese a que el pleno de investidura fue aplazado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, este no puede esperar indefinidamente a saber si Sànchez puede acudir al pleno. En su opinión, cualquier demora puede suponer una “frustración irremediable”. El abogado de Sànchez, Jordi Pina, afirmó que denegar el derecho de un diputado elegido democráticamente a ser investido presidente comporta “graves lesiones de derechos fundamentales” y explicó que “es una decisión que socava gravemente algunos pilares básicos de cualquier sistema constitucional”.

Pina explicó que la decisión de Llarena vulnera derechos como el de participación política y acceso a los cargos públicos, el de presunción de inocencia al imponer un “castigo anticipado”, el de expresión de opiniones políticas y el pluralismo político, al entender que se están criminalizando las ideas. También explicó que la privación del candidato a acudir al pleno supone “una grave restricción de la democracia como valor superior del ordenamiento constitucional español” al impedir escoger al candidato con mayor apoyo parlamentario. Pina valoró que algunos de los pasajes incluidos en el auto de Llarena contienen “consideraciones de oportunidad política totalmente impropias de un sistema en el que rige la división de poderes”.

Respecto a los argumentos usados para denegar la salida de prisión de Sànchez, consideró que el riesgo para el orden público al cual apunta el magistrado no tiene justificación y apuntó a que se basa en “puras intuiciones personales”. Además, recordó la inviolabilidad parlamentaria de los diputados, la cual está reconocida por la propia Constitución.

Madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) informó ayer al magistrado Pablo Llarena, que instruye la causa contra el proceso soberanista, de su posición contraria a que el exconseller de Interior Joaquim Forn y el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, sean excarcelados.

La Fiscalía considera que los investigados deben continuar en la cárcel “sin perjuicio” de que esta medida cautelar de prisión provisional sea revisada de forma periódica, tal como se establece en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Aún así, consideran que existe riesgo de reiteración delictiva.

El pasado miércoles, Llarena dictó un auto en el que informaba a las partes de la petición liberación por parte de los investigados. El magistrado concedió cinco días de plazo máximo para que informaran de su posición. Llarena ya desestimó la petición de libertad de Forn y Cuixart el pasado 4 de diciembre tras sus comparecencias.

La Fiscalía informó ayer que no pedirá al juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena que reactive las órdenes de arresto europeas contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que viajaron a Bélgica hasta que finalice la instrucción de la causa. El mismo criterio se aplicará con la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, en su caso para activar la euroorden por primera vez.

El Ministerio Fiscal, por tanto, procederá a ejercitar las oportunas peticiones una vez se hayan dictado auto de procesamiento en la causa.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, encargada de la instrucción de la causa en un primer momento, dictó orden de arresto nacional e internacional y europea. Sin embargo, tras pasar la causa al TS, Llarena retiró las órdenes europeas e internacionales. El objetivo fue evitar que la justicia belga restringiera los delitos de los que se les acusaba.