La oposición reclama que empiecen a correr los plazos de la investidura

Los partidos de la oposición en el Parlament Ciudadanos, PSC y PP, reclamaron ayer al presidente de la Cámara, Roger Torrent, que empiecen a correr los plazos para la investidura. Los tres grupos consideran que el pleno, previsto para ayer, fue fallido y, por tanto, debe empezar la cuenta atrás para convocar elecciones. La sesión parlamentaria fue aplazada por Torrent al conocerse la negativa del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, de dejar asistir Jordi Sànchez al pleno, candidato a la presidencia de la Generalitat y actualmente en prisión preventiva en el centro penitenciario de Soto del Real.

En este sentido, Ciudadanos anunció ayer que su grupo pedirá la comparecencia de Torrent ante el pleno para obligarle a reconocer que no hay candidato con apoyo suficiente para la investidura, motivo por el que según ellos deberían empezar a correr los plazos. Las fuentes del partido dan por hecho que esta petición acabará forzando la comparecencia de Torrent, aunque previamente debe incorporase al orden del día de la reunión de la Mesa del Parlament, prevista para hoy.

Por su parte, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para la adopción de medidas cautelares para desencallar el pleno. En concreto, solicitan que el TC suspenda el aplazamiento del pleno, fije un plazo para que se celebre la sesión y fije otro a partir del cual se inicie la cuenta atrás para convocar nuevos comicios.

El PPC envió una carta al presidente del Parlament para pedirle que convoque una reunión con los presidentes de todos los grupos, para así “encontrar una salida” al bloqueo. El dirigente popular recordó que los letrados del Cámara emitieron un informe donde se establecía que los plazos podían iniciarse si Torrent comunicaba al Parlamento “la constatación de bloqueo político.

El entorno de Torrent explicó, respecto a la petición de comparecencia de Ciudadanos, que este mecanismo está previsto para el presidente de la Generalitat, motivo por el cual no tiene fundamento jurídico.