El fiscal rechaza la puesta en libertad de Sànchez, quien está abierto a dejar la política

La Fiscalía del Tribunal Supremo rechazó ayer la puesta en libertad de Jordi Sànchez. Sin embargo, y siguiendo órdenes de la Fiscalía General del Estado sí que pidió al magistrado del caso, Pablo Llarena, que permita la excarcelación del exconseller Joaquim Forn, en este caso bajo fianza de 100.000 euros por “razones humanitarias” debido a la “aparición de la tuberculina”, que es la prueba utilizada para diagnosticar si existe infección tuberculosa. Llarena tomará previsiblemente hoy la decisión sobre el futuro penitenciario de ambos.

El abogado de Sànchez, Jordi Pina, manifestó ante el Tribunal Supremo, durante la vista para revisar su recurso pidiendo la libertad, que su cliente estaría dispuesto a renunciar a su acta de diputado, o incluso a más aspiraciones políticas, si fuera necesario para no seguir en prisión preventiva. El futuro de Sànchez pasaría así por volver a su antigua ocupación en el mundo de la docencia. Esta decisión activaría el llamado “plan C”, que coloca al exconseller Jordi Turull como presidenciable. De hecho, el presidente del Parlament, Roger Torrent, tiene prevista hoy una comparecencia pública en la que, previsiblemente, anunciará la puesta en marcha de una nueva ronda de contactos previa a la presentación de un nuevo candidato (ver más información en la página 18).

Llarena pide pruebas a la Guardia Civil sobre gastos públicos dirigidos a financiar el referéndum

Antes de esta declaración, a primera hora de la mañana del abogado de Sànchez, la exconsellera de Agricultura y dirigente de Esquerra Republicana Meritxell Serret había afirmado en TV3 que JxCat ya había propuesto a Turull como candidato alternativo a la investidura como president. “Ayer (por el lunes) JxCat puso encima de la mesa el nombre de Jordi Turull para ser investido”, sostuvo Serret, que calificó de “buena noticia” esta propuesta.

Las palabras de Serret generaron cierto alboroto en las filas soberanistas, lo que obligó a la exconsellera leridana a rectificar con un tuit: “Ha sido una confusión mía fruto de las publicaciones en la prensa. Creía que JxCat lo había propuesto formalmente y por esto he expresado mi opinión sobre Jordi Turull. El candidato es quien propone JxCat y es Jordi Sànchez”.

Minutos después, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, intentó cortar de raíz las especulaciones y, a las puertas del Tribunal Supremo, pendiente de la vista sobre Sànchez, subrayó que éste seguía siendo, “ahora mismo, nuestro candidato a president de la Generalitat”.

Con todo, ayer fuentes de JxCat insistían en que la opción de Turull va “adelante”, por lo que el pleno de investidura podría tener lugar la semana que viene. ERC ha convocado para mañana una reunión extraordinaria de su consell nacional para valorar al nuevo candidato a la investidura que proponga JxCat.

En este contexto, el bloque soberanista confía que antes de las vacaciones de Semana Santa se pueda poner en marcha la investidura, clave para poner fin a la aplicación por parte de Mariano Rajoy del artículo 155.

madrid

La Fiscalía ha solicitado que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena reclame la anulación de forma temporal de la “vigencia y validez” de los pasaportes de Carles Puigdemont y del resto de investigados en la causa por el “procés” y que se encuentran exiliados en diferentes países europeos. La intención del Ministerio Público es impedir que estos seis investigados “utilicen” los viajes que están realizando a otros países para seguir haciendo una “proyección y justificación internacional” de los delitos de rebelión y sedición por los que están imputados por el proceso soberanista. Así lo expone la Fiscalía en un escrito presentado ante Pablo Llarena, en el que recuerda que un pasaporte ordinario puede ser “retenido o retirado” si un juez o tribunal ha acordado alguna resolución judicial privativa de libertad --aso de Carles Puigdemont y sus exconsellers Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí-.

En lo que respecta a la dirigente de la CUP Anna Gabriel, que se encuentra en Suiza, remarca que existe una orden de detención dictada por el propio Llarena debido a su incomparecencia para declarar en el alto tribunal el pasado febrero.

Por otra parte, el magistrado ha solicitado a la Guardia Civil la aportación de documentos y demás elementos objetivos que prestan soporte al contenido de un informe ya entregado por este cuerpo relativo a los gastos públicos orientados a la celebración del 1-O. En la misma resolución, forma una nueva pieza separada que declara secreta un mes. La nueva petición de pruebas por parte se produce después de que Llarena haya recibido unas diligencias remitidas por el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la zona de Catalunya dirigidas a esclarecer la participación de los investigados en los delitos de rebelión o sedición y de malversación que se investigan en este procedimiento.

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