“Los inmigrantes rescatados estaban en extremo peligro y en aguas europeas”

“Los inmigrantes rescatados se encontraban en aguas europeas y en una situación de extrema peligrosidad. Entregarlos a Líbia hubiera sido una devolución en caliente a un país que no forma parte del convenio de Ginebra”. Así se expresó ayer el capitán del barco de la ONG catalana Pro Activa Open Arms, el leridano Marc Reig, que desde el domingo se encuentra inmovilizado en Sicilia junto a dos compañeros más, mientras la justicia italiana investiga un posible delito de promoción de la migración ilegal. Reig, natural de Bellpuig, reiteró que respetaron la legalidad y actuaron de acuerdo al centro de coordinación de Roma, que al detectar el naufragio de una patera emitió un mensaje de socorro a todas las embarcaciones y que acabó con el rescate de 218 personas por parte de Pro Arms. “Desde un barco libanés nos amenazaron con dispararnos si no les entregábamos las mujeres y los niños”, apuntó, al mismo tiempo que explicaba que la opción más segura fue intentar atracar en el puerto más cercano. “Confiamos plenamente en la justicia italiana”, zanjó. Y es que, según explicó la portavoz de la ONG, Laura Lanuza, el fiscal general encargado de la investigación deberá decidir antes del 28 de marzo si continúa con la acusación, que se podría traducir en penas de entre 4 y 7 años de prisión. “Sabemos que hemos hecho lo correcto, por lo que por ahora solo podemos explicar que nuestro único objetivo era salvar vidas” subrayó Lanuza, quien también apuntó que “desobedecimos a los guardacostas libaneses, pero de hecho es una figura que no existe como tal en ese país”.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de la Abogacía Catalana fue una de las más críticas con la fiscalía italiana, asegurando que “la incompetencia de los gobiernos para frenar las mafias en este lamentable fenómeno migratorio no puede ser una excusa para criminalizar a personas que llevan a cabo una importante labor humanitaria”. Ante estas reprobaciones, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, subrayó que su departamento “se movilizó” desde el primer momento “para que cesara el supuesto acoso por parte de los guardacostas libios y para que pudieran desembarcar a las personas rescatadas en el puerto más cercano”.

El ministro Dastis asegura que actuaron desde el principio para que cesara el acoso de los libaneses

Hace poco más de un año, en febrero de 2017, el gobierno italiano firmó un acuerdo de colaboración con las fuerzas de control de la frontera en Líbia con el objetivo de atajar la afluencia de inmigrantes ilegales e impedir su llegada a Europa. Según Amnistía Internacional, el gobierno libanés retiene a más de 20.000 personas acusadas de huir en busca de una nueva oportunidad.

Volutarios de Proemaid acusados de tráfico de personas

La “criminalización” de las labores de rescate también afecta a la ONG española Proemaid, que el próximo 7 de mayo deberá sentar a tres de sus voluntarios en el banquillo por un presunto delito de tráfico de personas en Lesbos (Grecia), a pesar de no transportar a ningún inmigrante cuando les denunciaron. “Quieren hacer de la solidaridad un delito y nos preocupa que se convierta en una tendencia que acabe poniendo en peligro la vida de esas personas que se echan al mar”, explica el vicepresidente de la entidad, Manuel Blanco, uno de los tres acusados que podría enfrentarse a 10 años de prisión. “Nuestra intención siempre ha sido la de salvar vidas, igual que lo hacemos en nuestro oficio como bomberos, donde nadie nos acusa de ningún delito durante nuestros rescates”. Y es que la mayoría de voluntarios de Proemaid son bomberos que empezaron a actuar a finales de 2015 en las costas de Lesbos, donde también ofrecieron ayuda humanitaria tras el terremoto del años pasado. “Siempre colaboramos con los guardacostas y les avisamos de que pueden contar con nosotros en caso de emergencia, pues sabemos que los recursos de los gobiernos son limitados”, apunta. A pesar de las “amenazas”, asegura que seguirán salvando vidas dónde haga falta.