El Supremo procesa a 13 personas por rebelión

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado hoy a 13 personas por su participación en el denominado "procés" para la independencia de Catalunya, incluidos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira.

Además de ellos, los otros procesados por rebelión son los exconsellers Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comìn y Dolors Bassa.

También procesa por rebelión a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y al ex presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.

Los autos de procesamiento de hoy incluyen además otros delitos que afectan a diversos inculpados y, así, el juez procesa a cinco ex miembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. También resultan procesados por malversación el ex president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete exconsellers acusados de rebelión.

Así mismo el juez procesa por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barruffet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya (expresidenta del Grupo de la CUP) y a Anna Gabriel, exportavoz de la CUP.

El magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce exmiembros del Govern procesados.

los indicios que apunta el juez

El juez Pablo Llarena no ha atribuido un delito de rebelión, sino otros de desobediencia y/o malversación, a 12 de los 25 procesados por el "procés" para la independencia de Catalunya, entre ellos Anna Gabriel (CUP), Lluís Puig (PDeCat) y Meritxel Serret (ERC). En concreto, el magistrado del Supremo cree que Gabriel y la también responsable de la CUP Mireia Boya solo incurrieron en un delito de desobendiencia al no atender a las decisiones del Constitucional. Este delito no comporta penas de prisión, pero sí de inhabilitación.

A los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet también les atribuye solo un delito de desobediencia, por la "tenaz y perseverante desatención del requerimiento" del Constitucional para que "impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias".

En otros cinco procesados ve indicios de que cometieron delitos de desobediencia y de malversación: los exconsejeros Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret, porque desatendieron también al Constitucional y autorizaron las contrataciones necesarias para el 1-O.

El juez afirma que no puede sustentarse sobre ellos un delito de rebelión porque no hubo "un concierto inicial para la violencia que les alcance".

En cuanto a Gabriel y Boya, el juez les atribuye desobediencia porque, si bien "no consta que ninguna de ellas fuera notificada o requerida para la observancia de los mandatos del Tribunal Constitucional", es "evidente que la inconstitucionalidad del proceso es de notoriedad pública desde hace varios años, habiendo incluso determinado condenas anteriores por este mismo delito". "En tal coyuntura, sabiendo las encausadas de una realidad jurídica que concernía particularmente a la actividad política que encabezaban en el Parlamento", Gabriel incurrió, según el juez, en desobediencia al presentar la proposición de ley del referéndum el 6 de septiembre de 2017 y Boya por hacer lo propio por la ley de transitoriedad el 28 de agosto de 2017.

Algo parecido ocurre con los cinco exmiembros de la Mesa, que no incurrieron en rebelión pero sí en desobediencia porque al votar a favor de admitir a trámite las leyes del referéndum y de la desconexión desatendieron al Constitucional.

Es el caso también de los cinco exmiembros del Govern citados, quienes hicieron asimismo caso omiso al TC al firmar, junto con el resto del ejecutivo, la convocatoria del referéndum.

Llarena atribuye el delito de malversación a todos los miembros del anterior Govern de la Generalitat, si bien a estos cinco no les procesa por rebelión.

En el caso de los otros nueve exmiembros del Govern a quienes también atribuye rebelión -entre ellos el expresident Carles Puigdemont y el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull- el juez señala que la malversación puede quedar absorbida "en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos".

Según Llarena, todos ellos, al firmar el decreto de convocatoria del referéndum, destinaron fondos públicos con el "objetivo de satisfacer un interés compartido con un concreto sector de electores, pese a haber sido declarado reiteradamente inconstitucional y nulo". Y menciona también "las partidas contables tras las que se ocultó el desembolso y el concreto departamento contra cuyo presupuesto se hizo descansar cada uno de los parciales desembolsos en los que se fraccionó el total del gasto".

DOCUMENTO. Lista de procesados por el 'procés'

DOCUMENTO. Auto del juez del Supremo Pablo Llarena