PP y Cs redoblan su presión al PSOE para que facilite la aprobación de los Presupuestos

PP y Ciudadanos redoblan su presión sobre el Partido Socialista para poder sacar adelante el proyecto de presupuestos que han pactado, ante lo que consideran “chantaje” por parte del PNV, que insiste que no negociará mientras siga en vigor el artículo 155 en Catalunya. Todo ello, la víspera de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregue hoy el proyecto de cuentas públicas para este año.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, acusó ayer al PNV de estar “chantajeando al Gobierno” al condicionar el voto de sus cinco diputados en el Congreso al final de la aplicación del artículo 155. Por ello, pidió al PSOE que preste “cinco votos al azar” para sortear este obstáculo y permitir que las cuentas salgan adelante. “Si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría cinco votos del PSOE al azar para eliminar ese chantaje del PNV”, dijo en una entrevista en RNE, en la que añadió que esto le permitiría al líder socialista hacer un discurso de oposición “mucho más digno”, porque contribuiría a evitar que la estabilidad en España “se rompa”.

Llorens dice que permitirán a los pensionistas leridanos incrementar sus ingresos entre el 1 y el 4%

La comisión de expertos defiende la estrategia de precios para luchar contra el cambio climático

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó al PSOE que actúe con “sensatez y sentido de Estado” permitiendo la aprobación de los Presupuestos ante la “delicada” situación en la que se encuentra España y el “chantaje” que a su juicio están haciendo los nacionalistas. Tras el Comité Permanente Nacional de Ciudadanos, lamentó que el PSOE esté “bloqueando” su aprobación “de manera irresponsable”. “Hay que pensar más en España que en las siglas. Pensar más en tu país que en tu Ejecutiva o incluso que en tu carrera personal”, reprochó a Pedro Sánchez. Rivera también censuró que el Gobierno haya caído en la “trampa” de los nacionalistas y no tenga cerrado el apoyo del PNV, que fía el acuerdo a un “chantaje”. “Los nacionalistas no son de fiar y tratan de chantajear las políticas nacionales por su interés nacional”, resumió extrañándose de que el PP “se lleve las manos a la cabeza” por esta actitud.

En este contexto, el diputado por Lleida y presidente de la comisión de Agricultura del Congreso, José Ignacio Llorens, destacó que los Presupuestos supone que los pensionistas leridanos verán incrementados sus ingresos entre uno y cuatro puntos porcentuales si las cuentas públicas salen adelante. “Gracias a las reformas y la contención del gasto que han permitido activar la recuperación económica y crear 2.2 millones de empleos se pueden contemplar estas y otras mejoras justas e importantes. Sabemos que nunca será suficiente, pero son las que se pueden abordar sin poner en peligro las pensiones del futuro”, remarcó. A 1 de marzo de 2018, en Lleida cobraban una pensión 98.341 personas.

madrid

La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética apuesta por un encarecimiento del gas del 5,8% y también de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% en la gasolina, a la vez que aboga por abaratar el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico, según el escenario manejado. La propuesta levantó ayer ampollas en el sector del transporte ante lo que calificó de encarecimiento “brutal” del carburante, mientras el ministerio de Energía considera “lógico” que se avance en la imposición medioambiental, aunque apuesta por que ésta se lleve a cabo de “forma gradual”.

La comisión considera que estas modificaciones son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo. Apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la UE en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales bajo el axioma de que ‘el que contamina paga’. El documento incluye tres límites en la implantación de esta medida, como son evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las administraciones públicas y no elevar la presión fiscal.