La excúpula de los Mossos condujo a una "dejación auténtica de funciones", según Lamela

La excúpula de los Mossos, liderada por Pere Soler y Josep Lluís Trapero bajo el mandato del exconseller de Interior Joaquim Forn y su segundo César Puig, condujo a "sus subordinados a una dejación auténtica de funciones" el 1-O y simuló un dispositivo "engañoso y fraudulento" para impedir el referéndum. Este es uno de los principales argumentos que utiliza la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el auto en el que acuerda procesar por sedición y organización criminal a todos ellos menos a Forn, que ya está procesado por el delito de rebelión en el Tribunal Supremo.

Lamela relata cómo en el marco de "una compleja y heterogénea organización" sus integrantes diseñaron una estrategia "perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal", liderada por el Govern cesado, y eso, según la juez, fue lo que "en suma permitió la celebración del referéndum ilegal". "Para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d'Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismo representaban", destaca el auto.

De hecho, recuerda la juez, entre los planes de los separatistas "se barajó el papel que los mismos habrían de desempeñar en el Estado independiente, planteándose incluso la posibilidad de conferirles funciones de seguridad externa y/o defensa". Con estos objetivos, el pasado 14 de julio "se produjeron unos cambios en la Generalitat, que según fue ampliamente difundido en la opinión pública tenían como objetivo sustituir a aquellos consejeros que no se mostraban totalmente dispuestos a asumir las consecuencias de continuar con el proceso de independencia". Fueron entonces nombrados Forn, Pere Soler y Trapero, mientras que César Puig se mantuvo, y con ello, dice Lamela, "se trataba que desde los órganos de gobierno se tuviera el control del cuerpo policial". Para ello, "resultaba necesaria la connivencia de los responsables políticos con los máximos responsables de dicha policía" y que "hicieron de correa de transmisión de las instrucciones de aquellos (...), ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales". De este modo, "la actuación de los Mossos el día 1 de octubre fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia", sostiene el auto.

Se siguió así "la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos" Forn, Soler y Puig, y "los responsables operativos" de los Mossos, como Trapero, "ejecutaron por acción y/o por omisión dicho mandato político".

Con este fin, prosigue Lamela, se diseñó "un plan premeditado para evitar actuar", que procedía de la "cúpula policial de los Mossos d'Esquadra", "comandada" por Trapero" y en conexión directa con los miembros del comité estratégico" que lideraba el expresidente catalán Carles Puigdemont, según Enfocats, documento considerado la hoja de ruta del independentismo y que fue intervenido al segundo de Oriol Junqueras en septiembre.

En el auto, la juez menciona intervenciones públicas de Forn en las que dijo que los Mossos permitirían votar "con tranquilidad" o las de Soler, que "tan solo dos semanas después de su nombramiento" aseguró que "la Constitución no les obligaba" y más adelante afirmó: "La misión de los Mossos es garantizar derechos, no impedir su ejercicio". Con esta finalidad, desde la Consejería de Interior "se hicieron públicas las indicaciones dadas" por Trapero sobre cómo debían actuar y en una especie de "crónica anunciada" dio a entender que "si los ciudadanos actuaban de un determinada manera su actuación sería mínima, prácticamente nula".

Trapero ya había manifestado que en la votación "podía darse la concurrencia masiva de ciudadanos", incluidas "familias con niños y ancianos", por lo que los Mossos debían actuar "de acuerdo con los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad" y de este modo la conducta de la policía catalana, "enmascarada bajo los citados principios", fue de "total inactividad".

Lamela recuerda también que para el 1-O se elaboró un plan de actuación "del que tuvieron puntual conocimiento" Soler y Puig y fue sometido a la consideración del fiscal jefe de Catalunya y del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, "poniendo ambos de manifiesto al mayor de los Mossos que no era adecuado". Trapero se comprometió a modificarlo, pero nunca llegó a realizar esas modificaciones, "dirigiendo su actuación conforme al plan originario".