Llarena estudia acudir a la justicia europea tras el revés en Alemania

Trabajadores de la Generalitat lanzaron ayer globos amarillos a las puertas de la prisión de Lleida para exigir la liberación de los líderes independentistas.

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El Ejecutivo helvético afirma que no habrá un intercambio de presos por Falciani

Madrid

El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena estudia presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo ante la negativa de los jueces alemanes de entregar a Carles Puigdemont por un delito de rebelión. La cuestión prejudicial es una consulta formal de un juez, de cualquier país miembro de la UE, al TJUE cuando tiene dudas sobre cómo aplicar una norma comunitaria. Lo que plantearía este recurso es cómo deben interpretarse las normas que regulan las órdenes internacionales de detención en la Unión. Indirectamente, esta acción podría suponer cuestionar si las normas han sido aplicadas correctamente por parte de los jueces alemanes. También podría servir para preguntar a la justicia europea qué acciones se pueden emprender tras la decisión de la justicia alemana. La presentación de una cuestión prejudicial, podría dejar a Puigdemont en la situación en la que estaba antes de su procesamiento e inmediata petición de entrega, ya que la orden podría quedar en suspenso provisional. La acción penal contra Puigdemont podría quedar suspendida mientras el resto del proceso judicial continúa.

Poco después de que se conociera este hecho, la Fiscalía General del Estado emitió una nota explicando que también estudia la posibilidad de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la orden de detención europea y los procedimientos de entrega entre estados miembros. No obstante, expresó su reconocimiento al “intenso” trabajo realizado por la Fiscalía alemana y puntualizó que la decisión decretada por el Tribunal afecta exclusivamente a la medida cautelar adoptada respecto a Puigdemont, sin entrar en la entrega del mismo.

En esta línea se expresó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que insistió en que el procedimiento abierto contra Carles Puigdemont aún no ha terminado y aseguró que hasta que lo esté no se podrá determinar si la Justicia española le podrá juzgar por un delito de rebelión. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió a Puigdemont que “asuma lo que ha hecho” y deje de ser un “fugado”. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera reclamó abrir una “reflexión” sobre lo que tiene que ser la cooperación policial entre países y opinó que no puede ser que salgan ganando los “presuntos delincuentes”. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cargó contra el Gobierno central y le remarcó que se precisa “una respuesta política”.

En otro orden de cosas, el Gobierno helvético afirmó que no habrá un “intercambio” entre la dirigente republicana Marta Rovira, que se encuentra en Suiza, y el ingeniero informático Hervé Falciani, que fue detenido el pasado miércoles en España a raíz de una orden de detención internacional.

El Gobierno de Merkel descarta su intervención El Gobierno alemán insistió ayer en que el caso de Carles Puigdemont está exclusivamente en manos de la Justicia, descartando que el Ejecutivo pueda o deba tomar ninguna decisión al respecto. En este sentido, estimó que la decisión tomada por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de descartar la extradición de Puidemont no afectará de ninguna forma alas relaciones diplomáticas entre ambos países. El portavoz de Exteriores alemán, Rainer Breul, señaló que el presente caso es una mera cooperación entre los sistemas judiciales de España y Alemania, y que ambos Ejecutivos se mantienen al margen. También señaló la importancia de constituir un nuevo Govern como única forma de retomar el diálogo y encontrar una solución democrática al conflicto. En cambio, la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, opinó que la decisión de liberar a Puigdemont fue “totalmente correcta” y explicó que se la “esperaba”. Por su parte, la Comisión Europea evitó pronunciarse sobre la decisión del tribunal alemán de descartar el delito de rebelión y señaló que no ha cambiado su posición respecto a la situación en Catalunya.