Santander, La Caixa y Bankia piden al Estado 1.350 millones por Castor

Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclamaron ayer al Estado los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno central se comprometió a devolver en 30 años, “más los daños causados”. Y es que la exigencia “de responsabilidad del Estado legislador” llega después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto-ley que permitió a la promotora Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización en 2014 del almacén de gas.

Las tres entidades financieras entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar “ninguna pérdida” a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general, por lo que argumenta que, si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se estaría beneficiando de la inconstitucionalidad a costa de los bancos. En este sentido, ofrecen al Gobierno central alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de los mil millones de euros de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas. En lugar de devolver de modo inmediato todo el importe, proponen que el Estado lo devuelva de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones en que estaba previsto en el Real Decreto-ley 13/2014. Sin embargo, el Ejecutivo entiende que la deuda que tenía el Estado con la concesionaria está pagada y cree que no debe adoptar ninguna medida para compensar, de uno u otro modo, a Santander, CaixaBank y Bankia. En esta línea, el ministerio de Energía aseguró que no procederá a valorar esta reclamación hasta haberla estudiado antes.

Después de que una serie de seísmos despertasen alarma social entre los vecinos de las de Castellón y Tarragona, el Estado necesitaba ese importe para liquidar con la empresa concesionaria las inversiones realizadas en el proyecto Castor, y el Gobierno central, con José Manuel Soria al frente de la cartera de Industria, aprobó el real decreto-ley con el que extinguió la concesión, “hibernó” la estación de gas y reguló la compensación a la antigua concesionaria.