Alemania cuestiona el delito de malversación contra Puigdemont

La Justicia alemana requirió ayer a la española información adicional para sustentar la petición de extradición por malversación de fondos públicos de Carles Puigdemont, al considerar que en la acusación faltaba concreción. Aunque la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein expone que Puigdemont “fue corresponsable” a nivel político de la “generación de los costes del referéndum”, explicó que no queda claro si el Estado cargó realmente con ellos ni si el acusado fue quien “así lo dispuso”. El juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, que planteó el pasado viernes la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no presentaría el recurso hasta que la decisión sobre la extradición de Puigdemont sea firme, según indicaron fuentes del TS. Desde el ámbito político, la decisión alemana generó malestar en el seno del PP y Ciudadanos. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, dijo estar sorprendido de que Alemania se decida en 24 horas sobre Puigdemont cuando Llarena lleva meses investigando. En la misma línea se expresó el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Carlos Girauta, al afirmar que el juez alemán “se extralimitó” en su pronunciamiento. Ante el empeoramiento de las relaciones entre ambos países, el portavoz del ministerio de Justicia alemán, Piotr Malachowski, matizó ayer las declaraciones de su ministra, la socialdemócrata Katarina Barley. La ministra dijo el viernes que la decisión tomada sobre Puigdemont era “totalmente correcta” y que ya se la esperaba. Malachowski, por su parte, explicó que se trataba de un malentendido y que la posición oficial era la de resolver el conflicto dentro del “orden legal y constitucional español”.

En otro orden de cosas, unas 500 personas participaron ayer en una protesta convocada por los CDR ante el Auditori de Barcelona por la presencia del rey Felipe VI. El monarca acudió a Barcelona para participar en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, a la que también asistieron Llarena y el presidente del TS, Carlos Lesmes. Felipe VI aprovechó para reivindicar la independencia e imparcialidad de los jueces como “garantía última de los derechos y libertades”. En este sentido, Lesmes agradeció al rey su apoyo en unos momentos “especialmente convulsos y complicados”. La directora de la escuela judicial, Gema Espinosa, aseguró que la actividad judicial ha de basarse en “un conjunto de actitudes morales”.