Griñán declara que “no conocía” la existencia del programa que pagó las ayudas a los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía y exconsejero de Economía y Hacienda de la región, José Antonio Griñán, declaró ayer que “no conoció” de la existencia del programa presupuestario 31L con cargo al que se pagaban las ayudas, ahora bajo sospecha, a los ERE hasta el inicio de la investigación en 2011. En este sentido, el exdirigente andaluz argumentó que existían “multitud” de programas y que él, como máximo responsable de las finanzas de la Junta, sólo estaba al corriente de lo que “importa” en un presupuesto, el gasto corriente y la inversión. Asimismo, explicó que la dotación al programa 31L en las cuentas en la consejería de Empleo era una parte “insignificante” del total, en comparación con la cantidad destinada al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Al hilo de esto, Griñán aseguró que en sus reuniones con el entonces titular de Empleo, Antonio Fernández, “nunca” habló de las partidas destinadas al programa de ayudas a los ERE, mientras que “casi siempre” abordaban cuestiones relativas a la financiación del SAE.

El también exlíder de los socialistas andaluces defendió que el mecanismo presupuestario elegido por la consejería de Empleo para pagar las ayudas del programa 31L era “inocente e inocuo” porque “las transferencias de financiación no impedían su fiscalización”. De esta manera, Griñán remarcó que la Intervención andaluza nunca hizo informes de actuación debido a que no se detectó ningún menoscabo de los fondos públicos. “No se me ha dado traslado jamás de ningún informe que pidiera una actuación directa”, sostuvo Griñán. Además, puso en valor que la Cámara de Cuentas nunca hizo ningún “reproche” por el programa ni “mucho menos” denunció “ilegalidades” en estas ayudas. Por otro lado, se ratificó en su declaración de 2015 ante el Tribunal Supremo. Entonces Griñán reconoció que el supuesto fraude de los ERE fue una “barbaridad” y que unas ayudas otorgadas de manera “aleatoria y sin control merecen una responsabilidad política y penal”. Por su parte, la Fiscalía manifestó que Griñán, siendo el máximo responsable de la Hacienda andaluza, tuvo que conocer tanto los mecanismos empleados en el pago de las ayudas del programa 31L como “la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto” de dichos fondos.

Griñán mantiene que el mecanismo de pago de las ayudas diseñado era “inocente e inocuo”

Los socialistas esperan que Chaves y Griñán despejen cualquier “tipo de duda” sobre su gestión en la Junta

SEVILLA

Los socialistas andaluces defendieron ayer la “integridad” y la “honestidad” de los expresidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se sientan en el banquillo de los acusados en el caso de los ERE. En este sentido, el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, señaló que ambos tendrán ahora la oportunidad de explicarse y despejar cualquier “tipo de duda” que se haya arrojado sobre ellos. También pidió respetar la presunción de inocencia de dos personas “que siempre han estado contribuyendo al interés general”. En la misma línea, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, manifestó que espera que “se haga justicia” y que Chaves y Griñán tengan “la mejor defensa posible”. Por el contrario, la portavoz parlamentaria del PP de Andalucía, Carmen Crespo, acusó a Griñán de haber “faltado a la verdad” en su declaración judicial y le afeó no haberse dedicado a reducir el desempleo “en una de las tierras con más paro de España y Europa”. Por su parte, el líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, expresó su deseo de que la resolución del proceso llegue “lo antes posible” y destacó que Griñán está en el banquillo “gracias a las exigencias” que su partido le puso a Susana Díaz para investirle presidenta de la Junta. Esperanza Gómez, portavoz de Podemos en el Parlamento andaluz, tachó la jornada de “triste” por mostrar una imagen “muy pobre” de Andalucía.

El exconsejero de Empleo no habla en el juicio por estar “asustado” El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández se acogió ayer a su derecho a no declarar en relación con las “contradicciones” en las que habría incurrido, a juicio del tribunal, en relación con sus respuestas al interrogatorio al que le sometió la jueza instructora de la causa de los ERE, Mercedes Ayala, en el año 2012. A este respecto, Fernández indicó haberse sentido “asustado” y “aturdido” durante la sesión del martes al no entender las preguntas de los magistrados. “No puedo asumir ni reconocer lo que dije”, señaló, y añadió que las supuestas “contradicciones” ya están “suficientemente respondidas”.