PANORAMA
El juez deja libre a la activista del CDR al no ver delito de terrorismo
Le impone medidas cautelares y le acusa de desórdenes públicos || Archivan la causa contra un joven que clonó la web del 1-O al no apreciarse desobediencia
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea dejó ayer en libertad con cargos a Tamara Carrasco, miembro del CDR de Viladecans que fue detenida el martes por la Guardia Civil por un presunto delito de terrorismo y rebelión. De Egea rebajó la acusación contra ella a un delito de desórdenes públicos pese a que, tras la declaración, la Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión provisional de la investigada al apreciar “riesgo de reiteración delictiva” teniendo en cuenta “las acciones que supuestamente pretendía coordinar” y para evitar la destrucción de pruebas. No obstante, el juez optó por decretar su salida en libertad, a la vez que le impuso varias medidas cautelares como la de comparecer semanalmente en sede judicial y la prohibición de salir del municipio en el que reside salvo que trabaje fuera del mismo. Además, a parte de mantener el secreto de las investigaciones, le obligó a facilitar un domicilio y un teléfono para tenerla localizada.
Durante la declaración de la activista del CDR viladecanense, representantes de los partidos independentistas se congregaron a las puertas de la Audiencia Nacional para mostrarle su apoyo. En este sentido, el diputado de ERC Joan Tardà dijo que “es un insulto a las víctimas del terrorismo” que se investigue a los CDR por hechos tan graves. También el diputado de la CUP Vidal Aragonès defendió que estos grupos llevan a cabo “manifestaciones políticas” no violentas. Por su parte, el diputado de JxCat Pep Riera exigió al Estado devoler “la cuestión catalana” al terreno de “la política y el diálogo”. Por otra parte, la Policía Nacional identificó a 6 miembros de los CDR al llegar a la Audiencia Nacional y les retiró las pancartas de apoyo a Tamara Carrasco.
En otro orden de cosas, un juzgado de Reus archivó ayer la causa contra un joven acusado de un delito de desobediencia por haber clonado la web del 1-O una vez había sido clausurada. En el auto, el juez valoró que no estaba “suficientemente justificada” la perpetración de este ilícito penal, después de que la defensa alegara que no se prohibió explícitamente a los ciudadanos replicar esa página.