Liberan el barco de Open Arms pero su capitán leridano sigue imputado

El juez instructor de la localidad siciliana de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, dejó sin efecto ayer la orden de secuestro que pesaba sobre el barco de la ONG catalana Proactiva Open Arms, que participa en misiones de rescate de migrantes en el Mediterráneo, desde el pasado 17 de marzo, lo que permitirá que el navío y los voluntarios de esta organización se reincorporen a sus tareas de salvamento en alta mar. Tras esta resolución, el juez devolverá el sumario a la Fiscalía, que continuará investigando un presunto delito de favorecimiento de la inmigración del que continúan acusados la coordinadora de la misión, Anabel Montes, y el leridano Marc Reig, capitán del buque de la ONG. Ambos podrían ser condenados a 7 años de prisión. No obstante, Open Arms ya no está bajo el foco de las autoridades judiciales italianas desde que, el pasado 27 de marzo, descartaran el delito de asociación para delinquir al carecer de fundamento. Tal y como explicó el director de la ONG, Òscar Camps, el barco “estará unas semanas en reparación y mantenimiento” y, después, ya podrá volver al mar Mediterráneo y proseguir con el rescate de los migrantes que parten del norte de África hacia Europa. En este sentido, Camps apuntó que la nave tenía una revisión prevista para el 9 de abril que no se pudo llevar a cabo.

El máximo responsable de Open Arms también pidió “prudencia” porque “la persecución de la ayuda humanitaria sigue adelante”. A este respecto, Camps recordó que, pese a la decisión judicial, “Proactiva continúa en el foco”.

Tras conocerse la noticia, la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabaté, municipio en el que se radica esta ONG, manifestó su satisfacción por la resolución pero insistió en que es necesario “resolver la situación de los refugiados”. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se congratuló por el “sentido común” de las autoridades italianas y dijo que pelearán para que se archive la causa. Asimismo, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, subrayó que “siempre habíamos defendido que la actuación de la ONG era lícita de acuerdo con el derecho internacional”.