El Supremo reprende a la justicia alemana e insiste en la rebelión y en la violencia del 1-O

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo aprovechó la interlocutoria de respuesta a un recurso presentado por la defensa del número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, en el que pedía su libertad, para cargar contra el tribunal de Schleswig-Holstein que dictaminó que no hay base jurídica para extraditar a Carles Puigdemont por rebelión al no apreciar violencia. Así, los magistrados argumentaron que, en el caso catalán, la violencia física pasaba a “un segundo plano” al ser los propios gobernantes los que perpetraban la rebelión, valiéndose de las instituciones que controlaban para “desconectarlas” del Estado a través de un proceso de “más de 2 años” “laminando el ordenamiento jurídico”. Asimismo, señalaron que, con motivo del 1-O, los líderes independentistas “indujeron a 2 millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente” a sabiendas que podía haber violencia. “Hubo violencia y hubo enfrentamientos físicos”, manifestaron los magistrados que, además, vaticinaron que si el Gobierno central hubiera destacado a más efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil a Catalunya se habría producido una “masacre”. Igualmente, se mostraron partidarios de mantener la imputación por rebelión contra los máximos dirigentes del Govern cesado, pese a dejar la puerta abierta a rebajar la acusación a sedición. A este respecto, recordaron que la querella de la Fiscalía contra los políticos independentistas apuntaba a la sedición en caso de no poder probarse la violencia, con lo que se podría cursar una nueva euroorden para pedir a Alemania la entrega de Puigdemont por este delito. Sin embargo, el abogado de los consellers cesados Mertixell Serret y Toni Comín, Gonzalo Boye, recordó ayer que la sedición no existe en el Código penal alemán desde 1970.

MADRID

Los consellers cesados Josep Rull y Raül Romeva evidenciaron ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena un cambio en su estrategia de defensa, siguiendo la estela marcada el lunes por el vicepresident encarcelado Oriol Junqueras, el número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart. De este modo, Rull reprochó ante Llarena la falta de separación de poderes en España y la politización del Poder Judicial. En este sentido, acusó al magistrado de seguir la “hoja de ruta” que le marca el Gobierno de Mariano Rajoy. “Soy independentista por mis hijos, para que no vivan en un país en el que te encarcelan por tus ideas”, dijo. En la misma línea, Romeva recriminó al magistrado que “no es legítimo” judicializar el “procés” y defendió la “inviolabilidad” que le corresponde como diputado del Parlament. Además, afeó a Llarena que trate de “criminalizar” a ERC, un partido que, a juicio del conseller cesado de Exteriores, ha defendido siempre un programa electoral “legal”. Asimismo, se definió como una persona “de paz” y argumentó que una votación popular no puede ser reprimida por el Estado porque su celebración no constituye ningún delito. Por su parte, el conseller cesado de Interior, Joaquim Forn, reiteró que él no propició enfrentamientos violentos en el 1-O y recordó que ya ha abandonado toda actividad política, pese a reafirmar ante el magistrado su ideología. Asimismo, solicitó a Llarena su puesta en libertad para poder preparar su defensa. Tras las tres comparecencias de ayer, hoy es el turno de los consellers cesados Jordi Turull y Dolors Bassa y de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Los fiscales deciden seguir con la investigación contra los alcaldesLa Junta de fiscales jefes de Catalunya acordó ayer proseguir con las investigaciones contra los alcaldes que colaboraron con la organización y desarrollo del referéndum del 1-O. En su encuentro, los máximos responsables del Ministerio Público en Catalunya analizaron el estado de los procedimientos que se siguen contra 712 primeros ediles catalanes por presuntos delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación. En algunos casos, las actuaciones ya se han archivado y, en otros, la Fiscalía ha solicitado la prórroga de las pesquisas para recabar más datos.