El Supremo exige a Montoro que diga en qué se basa para negar la malversación en el 1-O

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó ayer una providencia en la que le solicita al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique “a la mayor brevedad posible” en qué se basa para asegurar que el Govern de Carles Puigdemont no cometió un delito de malversación en la organización del referéndum del 1-O. Al respecto, Llarena manifestó que las palabras del máximo responsable del fisco estatal contradicen las “fuentes de prueba” recogidas durante la instrucción de la causa que juzga a los líderes independentistas por el “procés”. Además, el magistrado señaló que los encausados han esgrimido en su defensa, durante las indagatorias celebradas entre el lunes y ayer, las afirmaciones de Montoro. Tras conocerse la resolución de Llarena, la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, aprovechando su comparecencia ante la comisión de presupuestos del Congreso, reiteró que la Generalitat no gastó ni un solo euro público del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en la consulta del 1-O. “Yo no sé con qué dinero se pagaron aquellas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no fué con dinero público”, enfatizó. No obstante, reconoció que escapaban del control del ministerio de Hacienda los fondos procedentes de los impuestos propios del Govern, que representan alrededor de un 20% del dinero que entra en las arcas catalanas. Por su parte, un informe de la Guardia Civil que obra en poder del juez instructor número 13 de Barcelona señala que la Generalitat frenó los pagos de las facturas generadas por la organización del 1-O cuando se iniciaron las investigaciones judiciales. Esta versión también fue corroborada en sede judicial por el propietario de Dada Estudio, autor de un vídeo para el referéndum.

Hacienda reitera que las urnas “de los chinos” del 1-O no se pagaron con dinero público

MADRID

La ronda de declaraciones indagatorias de los líderes independentistas encarcelados finalizó ayer con las audiencias de los consellers cesados Jordi Turull y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. A este respecto, Turull exigió al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que deje de “hacer política” y que se dedique a impartir justicia. Asimismo, le reprochó que pretenda condicionar el nombre del candidato a president de la Generalitat y se mostró convencido de ser un “preso político”. Por su parte, la consellera cesada de Trabajo, Dolors Bassa, responsabilizó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de la “violencia” que hubo durante el 1-O. Además, calificó el procedimiento judicial de “injusto” y recordó a Llarena que ya ha renunciado a su acta de diputada en el Parlament, con lo que no puede reiterar el delito. También la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell tachó su encarcelamiento de “injusto” y argumentó que, “en todo momento”, respetó el reglamento del legislativo catalán.