La Generalitat intervenida se suma a la causa contra Artur Mas por el 9-N

La Generalitat de Catalunya, intervenida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se sumó ayer a la demanda presentada contra el expresidente Artur Mas, acusado de destinar fondos públicos para la consulta del 9 de noviembre. También pidió al Tribunal de Cuentas que le condene a devolver los 5,2 millones de euros que le costó la consulta, junto a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau. Por su parte, el Tribunal Supremo decidió aplazar la vista, fijada para el próximo 25 de abril, para revisar la condena de dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta, ademas de las condenas de Ortega y Rigau. Fuentes del Supremo alegaron “necesidades del servicio”, sin dar más detalles.

Ante las críticas por como se ha usado la Generalitat, el delegado del Gobierno, Enric Millo, defendió que los servicios jurídicos de la institución se decidieron sumar a la causa contra Mas por voluntad propia y no porque el Estado les obligara. En cambio, si que precisó que una vez establecido el cambio de criterio, la decisión ha sido tomada de acuerdo al Ejecutivo central. El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, tachó la decisión de “cobardes” al volver a juzgar “algo que ya se había juzgado”.

El Gobierno central cesa a dos altos cargos más de la institución catalana mediante el artículo 155

En otro orden de cosas, el Gobierno central cesó ayer a dos altos cargos más de la Generalitat. La destitución afectó al director de la Escola de l’Administració Pública, Agustí Colomines, y a la directora de Relacions Exteriors de la Generalitat, Marina Borrell. Según Millo, la directora fue destituida por la “pérdida de confianza” tras el acto del exconseller Lluís Puig en una oficina de la Generalitat en Bruselas. A Colomines le acusó de querer “romper los cimientos de la convivencia” y de “falta de respeto permanente”. Estos ceses siguen a los 260 producidos hasta el mes pasado.