Comín pide delegar su voto, lo que evitaría que la CUP tenga la llave de una investidura

El conseller cesado de Salud y diputado de ERC en el Parlament, Toni Comín, solicitó ayer al Parlament la delegación de su voto en los plenos apelando a su “incapacidad para asistir” físicamente a las sesiones de la Cámara. Comín, en un escrito firmado el 9 de abril, ha designado a su compañero de filas Sergi Sabrià como la persona encargada de ejercer su derecho al voto en el hemiciclo. En caso de que la mayoría independentista de la Mesa aprobara esta petición, los votos de los diputados de la CUP no serían necesarios en la segunda vuelta de una eventual investidura para lograr el número de apoyos requeridos a fin de nombrar al nuevo president de la Generalitat. Está previsto que hoy la Mesa aborde esta cuestión, así como también un recurso de Ciudadanos contra la decisión de interponer una querella contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En otro orden de cosas, el adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, reiteró de nuevo la necesidad de celebrar una “investidura efectiva” para “recuperar el Govern y las instituciones” intervenidas por el 155. “La fórmula que se ponga encima de la mesa que permita una investidura efectiva tendrá nuestro apoyo”, aseguró. Aragonès también indicó que el problema “no es una cuestión de nombres”, por lo que dijo que su formación no cuestionará la propuesta que, en este sentido, pueda llevar a cabo JxCat. Por su parte, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, insistió en que su “objetivo” es “hacer República” y manifestó que están trabajando para “hacer encajar todas las piezas de la investidura, la fuerza social y la labor que llevamos a cabo desde el Parlament”. Asimismo, Artadi subrayó que Carles Puigdemont “es y será siempre” el candidato. Igualmente, el diputado de la CUP Carles Riera dijo que la investidura del president de la Generalitat debe ir acompañada de movilizaciones ciudadanas y de acciones de “desobediencia pacíficas”. Riera también enfatizó que “la lucha por la democracia y la República conlleva una acción institucional y de soberanía desde nuestras instituciones, la internacionalización del conflicto, y la lucha antirepresiva”. Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent, mostró su confianza en que los independentistas hallarán “la fórmula” que permita un nuevo Govern antes del 22 de mayo.

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exigió a Puigdemont y sus “acólitos” que dejen de “secuestrar” la política catalana y contribuyan a “dar una salida” al bloqueo. En la misma línea, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, urgió a “reconstruir la convivencia” con un Govern “viable”. Igualmente, la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, indicó que Puigdemont es el “pasado” y que es necesario “recuperar” la convivencia.

JxCat dice trabajar para “encajar todas las piezas” que permitan la investidura y acabar con la intervención

Alemania pide información sobre las contradicciones entre Llarena y Montoro sobre el dinero del 1-O

SANT ANDREU DE LA BARCA

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha denunciado por un presunto delito de odio a 9 profesores del IES El Palau de la localidad de Sant Andreu de la Barca. El Ministerio Público les atribuye comentarios “despectivos” y “humillantes” contra alumnos del centro que son hijos de agentes de la Guardia Civil en relación con la intervención de este cuerpo y de la Policía Nacional durante el referéndum del 1-O. Esta denuncia se suma a la presentada por motivos similares contra 8 profesores de La Seu en noviembre y que ha acabado con el archivo de la causa judicial abierta a 6 de ellos. Por otro lado, una jueza de Manresa suspendió ayer la declaración por un presunto delito de odio y otro de resistencia grave del concejal de Cultura del ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pessarrodona. Según su abogado, David Casellas, la intención de la instructora es archivar la causa al no ver indicios de delito, aunque ha solicitado antes la posición por escrito del fiscal.

En otro orden de cosas, la Fiscalía alemana ha solicitado información sobre las contradicciones entre el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha asegurado que el 1-O no se pagó con dinero público, cosa que excluiría el delito de malversación, de cara al proceso de extradición de Carles Puigdemont. No obstante, un informe de la Guardia Civil apunta a que el Diplocat se gastó cerca de 18.000 euros en el alojamiento de 47 observadores del referéndum.