El Síndic considera un "grave error" resolver las denuncias de adoctrinamiento por la vía penal

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, considera un "error continuar con la vía penal" para solucionar los problemas derivados de un "posible adoctrinamiento" en las escuelas catalanas y ha instado a los centros educativos "a evitar mostrar símbolos o signos de opciones partidistas de cualquier signo".

Rafael Ribó ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rayoy, a todos los presidentes de los grupos políticos en el Congreso y al Parlament y al Defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, que "los problemas que afectan a la educación se aborden en el marco de la comunidad educativa para mantener la normalidad y la buena convivencia escolar".

El defensor del pueblo catalán ha convocado hoy a los medios de comunicación para dar a conocer las actuaciones que ha realizado ante los casos de "adoctrinamiento" denunciados por alumnos en algunos centros de enseñanza catalanes.

Ribó también ha abordado la polémica del IES El Palau, en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde la fiscalía acusa a nueve profesores de haber creado en clase un "clima de hostilidad" hacia los hijos de guardias civiles, criticando la actuación policial el 1-O para impedir el referéndum ilegal y tildando a los agentes de "animales", "salvajes" y "perros rabiosos".

El Síndic ha anunciado que ha solicitado una reunión con el comandante de la Guardia Civil en Catalunya, Ángel Gozalo, "atendiendo a una petición del consejo escolar del IES El Palau y por convencimiento propio", para trasladarle que considera un "grave error resolver por vía penal el caso de los nueve profesores".

Ribó ha criticado que las familias hayan denunciado a los maestros "saltándose los protocolos que marca el departamento de Enseñanza, que pasa por comunicar la incidencia a la dirección del centro y, posteriormente, a inspección y al Departamento de Enseñanza".

Seguir el procedimiento marcado, según Ribó, "refuerza la cohesión social y da a los conflictos una medida más justa en aras de preservar la integridad y el interés superior de los niños", que, según el Síndic, "están especialmente afectados" por la situación política que se vive en Catalunya.

El Síndic ha confirmado que, a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre, ha recibido un total de 9 quejas y 21 consultas y también ha abierto dos actuaciones de oficio (relacionadas con el IES de Sant Andreu de Llavaneras, en Barcelona, y otra con en el IES del barrio barcelonés de Les Corts).

De todas ellas, "sólo incorporan incidencias concretas y por tanto con posibilidad de verificación en seis centros educativos de cinco municipios, que son Barcelona, Castelledfels, Lliçà d'Amunt, Olot y Sant Andreu de la Barca", ha confirmado Ribó.

Si a estas incidencias se suman las que el Ministerio de Educación ha enviado en tres requerimientos al Departamento de Enseñanza de la Generalitat, "el total de incidencias son 87, que no siempre son verificables por falseadas o inconsistentes -según Ribó- y que hacen referencia específica a 53 centros diferentes de los 4.800 con los que cuenta el sistema educativo catalán", ha manifestado el Síndic.

"En muchos casos se trata de incidencias que denuncian hechos muy genéricos, otras están hechas desde fuera de Catalunya, en alguna los datos son incorrectos, incomprobables, pueden haber sido manipulados o no son atribuibles directamente a la comunidad educativa", ha detallado el Síndic.

Para Rafael Ribó, "es normal y necesario" tratar en las escuelas las situaciones de actualidad y política, "para garantizar la libertad de pensamiento crítico y de conciencia de los alumnos".

Ha criticado la reunión que mantendrán mañana el secretario de Estado de Interior y de Educación con las familias denunciantes del IES El Palau, porque considera que "el Gobierno está tomando partido por una de las partes".

Por otra parte, el Síndic también critica la difusión de la identidad y fotografía de los profesores del IES El Palau porque "no contribuye al buen funcionamiento de la tarea docente y atenta contra la intimidad y la propia imagen".

En su opinión, "están faltas de imparcialidad tanto las investigaciones de la fiscalía como los hechos descritos en las acusaciones" y ha afirmado que el delito de odio de que se acusa a los profesores "se desnaturaliza".

Finalmente, Ribó ha constatado que hay "miedo entre los docentes, tanto en los más directamente implicados como en el colectivo en general, que sienten coartada su libertad de expresarse libremente en el aula y ejercer su derecho de cátedra".