Vila, Mundó i Borràs rechazan su procesamiento y se niegan a declarar en el Supremo

Los exconsellers del Govern de la Generalitat Santi Vila (Empresa), Carles Mundò (ERC, Justicia) y Meritxell Borrás (JxCAT, Gobernación) han conocido este martes en el Supremo sus procesamientos por malversación y desobediencia y los han rechazado, sin querer hacer ninguna otra declaración ante el juez. Pablo Llarena, el magistrado que instruye el sumario abierto en el Supremo por el "procés", había citado para hoy a los exconsellers Borrás, Mundó y Vila, y también a la dirigente de la CUP Mireia Boya, para comunicarles sus procesamientos en el marco de esta causa. La última de los citados, que solo está procesada por desobediencia, ha sido la única en declarar y ha espetado a Llarena que la sentencia sobre el "procés" "ya está dictada. La Justicia está politizada. El juicio real se resolverá en instancias internacionales", según varias fuentes presentes en la declaración. Mireia Boya ha manifestado además que el derecho a la autodeterminación está por encima de la indisoluble unidad de España y que no debería existir el delito de desobediencia.

Boya ha señalado además al juez que no recibió apercibimiento del Tribunal Constitucional de que había suspendido las llamadas leyes de desconexión y que, por tanto, no puede acusársele de desobediencia.

Santi Vila, exconseller de Empresa, quien como sus dos excompañeros en el Govern ha permanecido menos de diez minutos ante el juez, ha declarado a los periodistas, a su salida del tribunal, que frente al magistrado se ha limitado a manifestar su desacuerdo con el procesamiento. Eso es lo que han hecho también los tres exconsellers: se han remitido a sus anteriores declaraciones en las que ya rechazaron las acusaciones que se han alzado contra ellos. "El trámite ha sido muy rápido, hemos confirmado nuestro desacuerdo con el auto de procesamiento, nos hemos remitido a lo que declaramos en su momento, yo en la Audiencia Nacional ya atendí a todas las preguntas. Como nada ha cambiado, no tenemos mas que añadir", ha dicho Vila a los periodistas.

Además, ha confirmado que recurrirá contra el procesamiento y ha subrayado la convicción de que "ni yo, ni ningún miembro del Gobierno, gastamos ni un solo euro de dinero público. En consecuencia, la acusación de malversación estoy convencido de que se va a demostrar que es infundada".

Las comparecencias de hoy han continuado el llamado trámite de indagatorias, que comenzó con los inculpados que permanecen en prisión preventiva y que ayer tuvo como protagonistas a los que fueran miembros de la Mesa del Parlament cuando se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Cinco exmiembros de la Mesa estaban citados ayer y comparecieron ayer ante el magistrado, con la única excepción de Barruffet, que lo hará por videoconferencia. Anna Simó, Lluis Guinó, Lluis Corominas y Joan Josep, todos exmiembros de la Mesa del Parlament procesados por desobediencia, se ampararon ayer ante el juez en la inviolabilidad parlamentaria.

Las comparecencias de los imputados que no están en prisión preventiva ni han sido procesados por el grave delito de rebelión, todas las cuales han tenido lugar en mayo, han resultado, quizá con la excepción de Boya, mucho menos duras que las celebradas en abril para cubrir este mismo trámite de comunicación de procesamientos a los inculpados que sí están en prisión preventiva.

Así, Jordi Sànchez (JxCat), excandidato a presidente de la Generalitat; Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, cargaron el pasado 16 de abril, al comparecer ante Llarena, contra lo que calificaron de causa política que criminaliza un movimiento ciudadano pacífico. Unos días más tarde, y en la misma línea, el exconseller y excandidato a president Jordi Turull reprochó a Llarena que le haya "convertido en un preso político". Esas frases expresan la línea que siguieron los exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raúl Romeva y Josep Rull, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Todos ellos pidieron al juez que rectifique y revise sus decisiones, empezando por la prisión preventiva, y lanzaron, en unos u otros términos (más duros en el caso de Turull), reproches centrados en vulneración de sus derechos, falta de imparcialidad y contaminación política por parte del alto tribunal.