Llarena insiste ante Alemania en la “violencia” del 'procés'

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dividido en dos la causa que instruye contra la cúpula del ‘procés’ para no ralentizar el procedimiento en Madrid mientras espera la resolución de las peticiones de extradición cursadas contra Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes que están en el extranjero. Así, Llarena podrá seguir adelante con los trámites para celebrar el juicio, que se prevé sea en otoño, sin depender de los tiempos de las justicias alemana, belga y escocesa. Por otra parte, el magistrado ha remitido un escrito al tribunal de Schleswig-Holstein, que debe decidir sobre la entrega de Puigdemont, para informarle de que los delitos de malversación y rebelión no son los únicos por los que puede juzgar al líder de JxCat, sino que también, como apuntó en su auto de procesamiento, puede llevarle al banquillo por conspiración para la rebelión o por sedición, este último un delito eliminado del Código Penal alemán hace décadas. Además, ha insistido en la “intensidad de la violencia” del ‘procés’ ante la justicia alemana, señalando las manifestaciones del 11S, las caceroladas o las tractoradas que, a su juicio, fueron un “alarde” de la fuerza de los independentistas ante el Estado.

No investigarán cargas en el 1-O al haber provocado “solo” 50 heridos ? La jueza de Manresa que estaba investigando las cargas policiales durante el 1-O en varias poblaciones del Bages ha descartado continuar con las pesquisas al entender que los agentes de la Guardia Civil no cometieron un “exceso de fuerza” ya que “solo” resultaron heridas 50 personas. En este sentido, tras visionar las imágenes y tomar declaración a las víctimas y a algunos jefes de la Benemérita, ha concluido que el uso de la fuerza fue “proporcional”. Por otra parte, el alcalde de Banyeres del Penedès, Amadeu Benach, ha sido citado a declarar como investigado el próximo martes por negarse a retirar las esteladas del municipio en el 21D. En otro orden de cosas, la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, defendió ayer que los jueces puedan obligar a los presentes en la sala de vistas a quitarse el lazo amarillo.