Dimite la asesora de Cifuentes que presionó a la URJC para tapar el escándalo del máster

La asesora de la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito ha dimitido de su cargo esta semana a consecuencia de su presunta relación con la polémica alrededor del máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el que se matriculó la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en 2011.

En este sentido, Feito fue la persona que, supuestamente, acudió al rectorado de la URJC el día en el que saltó la noticia, el 21 de marzo, y consiguió los documentos con los que Cifuentes respondió a las primeras acusaciones. Entre ellos, estaba el acta de evalución del trabajo final de máster (TFM) de la exdirigente popular, que después se demostró que había sido falsificado. Feito, amiga personal de Cifuentes, también se reunió ese mismo día con el rector, Javier Ramos, pero negó que tratara de presionarlo.

Una docente dice que Feito la amenazó: “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”

Asimismo, este jueves, en su declaración como imputada ante la jueza que investiga el caso, la profesora Cecilia Rosado, cuya firma es la única que no fue falsificada en el acta del TFM de Cifuentes, acusó a Feito de amenazarla. “O arregláis esto o Cifuentes y el rector os van a matar”, aseguró Rosado que le había dicho. Igualmente, la docente apuntó a Feito por enviarle mensajes con palabras como “el trabajo tiene que aparecer” o “búscame bibliografía sobre el tema”.

Por otra parte, Feito, que cobraba 50.093 euros anuales como asesora de la administración regional madrileña, es profesora titular del departamento de Filología de la propia URJC, aunque no ejercía, al encontrarse en comisión de servicios. Además, era miembro del Consejo del Instituto de Derecho Público, el organismo que gestionaba los estudios en los que se matriculó Cifuentes y que estaba encabezado por Enrique Álvarez Conde, imputado en la causa y que estuvo al frente del Instituto Nacional de Administración Pública entre 1996 y 1999, época en la que el ministro de Educación era el actual presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy.

Igualmente, Álvarez Conde también había sido letrado del Consejo General del Poder Judicial con la mayoría impuesta en este órgano por el Partido Popular.

El consejero de Educación, Rafael van Grieken, del que dependía el puesto de libre designación que ocupaba hasta ahora Feito, había negado que su subordinada hubiese presionado a la URJC para obtener documentos que le sirvieran de coartada a Cifuentes. De hecho, el propio consejero es catedrático de Química de esta universidad y era vicerrector de la misma en la época en la que expresidenta madrileña se matriculó en el máster.

VALENCIA

El juzgado de instrucción número 2 de Valencia ha retomado la investigación de las presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia durante el mandato de Francisco Camps. En este sentido, el martes declararán Belén Reyero, mano derecha del expresident valenciano en la organización de grandes eventos, y Nicolás Figueras, exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana. Asimismo, el empresario y expiloto Jorge Martínez “Aspar” comparecerá el jueves, y el viernes será el turno del propio Camps.

El exdirigente popular también está siendo investigado en otra causa, declarada secreta, y relacionada con la construcción del circuito urbano de Valencia, que acogió cinco carreras de Fórmula 1 entre 2008 y 2012. Este procedimiento, abierto en el juzgado de instrucción número 17 de la capital valenciana, pone el foco en las negociaciones para trasladar a Valencia el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor Sports, que acabó siendo rescatada por la Generalitat Valenciana. En esta causa secreta, además de Camps, también están imputados el exconseller de Infraestructuras y Transportes valenciano Mario Flores y el exsecretario de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana Victoriano Sánchez-Barcáiztegui.

El abogado de Villarejo renuncia por razones “profesionales” El abogado del comisario jubilado José Villarejo, David Macías González, ha renunciado a su defensa por razones “profesionales”. En un escrito presentado ante el juzgado de instrucción número 7 de Madrid, que investiga la denuncia contra Villarejo y los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán por un supuesto delito de injurias contra el exjefe de Asuntos Internos del cuerpo Marcelino Martin Blas y el inspector Rubén López, Macías González ha pedido que “a conciencia de no ocasionar ningún daño al cliente” se le designe otro letrado. Villarejo permanece en prisión desde el 5 de noviembre por haber facilitado, presuntamente, la entrada en España de personas guineanas y de fondos procedentes de actividades corruptas. Se le imputan los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco de otra investigación que se instruye en el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.