Sánchez propone reformar el delito de rebelión y 'adecuarlo al siglo XXI'

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunció ayer, en una entrevista en los Desayunos de TVE, que su formación promoverá una reforma del Código Penal para adecuarlo al contexto de Catalunya. Según el líder socialista, el delito de rebelión debe ser actualizado a los tiempos que corren en “el siglo XXI”, ya que tal como está redactado hoy en día se vincula “absolutamente” a un golpe militar. “Es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses” aseguró Sánchez y remarcó la necesidad de “defender el bien jurídico que es la Constitución frente a los responsables públicos que lo que están haciendo es valerse de su institución y de su posición política para violentar el orden constitucional”. El líder socialista explicó que la reforma pretende dotar al Estado de mecanismos frente a situaciones como la vivida en Catalunya. En este sentido, subrayó la necesidad de dejar claro al independentismo que siempre que pretenda conseguir sus objetivos “vulnerando la ley” se va a encontrar con “un muro”. También aseveró que el Estado español responderá siempre de forma “firme” pero “serena” y “proporcional” a los desafíos que plantee el independentismo, y aseguró que de ser necesario, con un nuevo 155. Sánchez abrió la puerta incluso a que, llegado el caso, un nuevo 155 incluyera una intervención de los medios de comunicación públicos catalanes, opción que en un primer momento fue rechazada por los socialistas. En el mismo sentido se expresó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien hoy se reunirá con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa para hablar de las nuevas condiciones en que se podría continuar interviniendo Catalunya. En concreto, Rivera apuesta por que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tome medidas para controlar TV3 y Catalunya Ràdio, impedir la restitución del exmajor de los Mossos d‘Esquadra Josep Lluís Trapero y evitar que los líderes independentistas destinen dinero público a “fines ilegales”.

En otro orden de cosas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró respetar la decisión de la justicia belga de no entregar a los exconsejeros catalanes Toni Comín, Lluís Puig y la leridana Meritxell Serret (más información en página 18). Aún así, remarcó que la euroorden emitida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se basa en un mandato de arresto nacional emitido por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, por lo que los cargos entre una orden y otra no coinciden. En este sentido, Catalá recordó que “si los tribunales españoles consideran que se puede subsanar el error de forma” de las euroórdenes “lo pondrán en conocimiento” de la Justicia belga.