Sánchez elimina el control sobre los pagos de la Generalitat como “gesto de normalización”

El Gobierno central puso fin ayer a los controles previos sobre los pagos de la Generalitat derivados del 155. Así, como explicó Isabel Celáa, portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros, se acordó dar las instrucciones necesarias a las entidades bancarias para que las instituciones catalanas puedan efectuar nuevamente pagos sin la supervisión de Hacienda. Celáa subrayó que esta medida constituye un “gesto de normalización política” entre Madrid y Barcelona. No obstante, el Gobierno central mantendrá los controles mensuales sobre las cuentas catalanas vinculados al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que están vigentes desde 2015. De este modo, el interventor de la Generalitat seguirá obligado a informar mes a mes de todos los gastos llevados a cabo por la administración catalana. Por otro lado, la ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, avanzó que Sánchez va a convocar “de manera inmediata” a todos los presidentes autonómicos para iniciar el diálogo sobre la reforma del sistema de financiación. Sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, ya señaló ayer mismo que no admitirá “ninguna prebenda histórica” a la hora de abordar el cambio en el mecanismo de financiación de las autonomías.

En otro orden de cosas, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dijo que va a verse de forma “inmediata” con la patronal y los sindicatos para cambiar “ya” la reforma del mercado de trabajo impulsada por el Partido Popular en 2012 en sus aspectos “más negativos”. La portavoz del Ejecutivo también insistió en que la legislación laboral va a ser “íntegramente” analizada para plantear las modificaciones que se consideren convenientes.

Celáa también manifestó que Sánchez no descarta subir los impuestos para mejorar las políticas sociales, si bien apuntó que es un debate que aún no se ha tratado. Además, el presidente Pedro Sánchez envió ayer una carta a los ministros para pedirles que su desempeño sea regido por “el consenso, la negociación y el pacto”.

En lo que respecta a las quinielas para ver quién será el nuevo fiscal general del Estado, toma fuerza la candidatura de María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla y favorita de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

MADRID

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, volvió ayer a insistir en que el PSOE no puede aspirar a gobernar en solitario con 84 de los 350 diputados del Congreso. En este sentido, señaló que “quien caiga en la arrogancia de pensar que uno puede gobernar solo con el peor resultado electoral de la historia de su partido no estará a la altura”. Asimismo, subrayó que, en este nuevo escenario, “el Congreso va a ser también una cámara de Gobierno” y advirtió de que “quien ponga por delante sus intereses personales respecto a los intereses del país se estará equivocando”. Iglesias, que reiteró que España necesita un “un Gobierno estable”, se mostró dispuesto a “colaborar para lograr acordar mayorías suficientes en el Parlamento”, siempre que los socialistas busquen hacer política para favorecer a “la mayoría social” y “corregir las políticas del PP”. No obstante, el número 1 de la formación morada aprovechó la ocasión para criticar una vez más el nombramiento de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior. Todo ello el mismo día en el que la disputa en Podemos Andalucía vivió un nuevo episodio con la exigencia de la diputada morada en el Parlamento regional Isabel Franco a la líder Teresa Rodríguez de que “rectifique” los términos de la confluencia con Izquierda Unida.

En otro orden de cosas, el hasta ahora secretario de Estado para las Administraciones Territoriales y brazo ejecutor de la aplicación del 155, el oscense Roberto Bermúdez de Castro, anunció ayer que abandona la política.

El PP y Cs ven un “error” no vigilar al Govern de Torra La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de retirar el control financiero sobre los pagos de la Generalitat suscitó el rechazo inmediato del Partido Popular y de Ciudadanos. En este sentido, el vicesecretario de Política Social y Sectorial de los populares, Javier Maroto, calificó de “error” la medida, que enmarcó en “un pago por los votos prestados” en la moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En la misma línea, la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, denunció que Sánchez “haya empezado tan pronto a cumplir las exigencias de los separatistas”. Así, indicó que la decisión es un “premio” al independentismo por ayudar a los socialistas a llegar a La Moncloa.