La Universidad no halla los documentos de las convalidaciones del máster de Casado

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde obtuvieron su máster Cristina Cifuentes y Pablo Casado, ha remitido un informe a la jueza que investiga ambos títulos en el que asegura que no hay actas del tribunal que supuestamente aceptó la convalidación de 18 asignaturas para el diputado popular, ni tampoco encuentra documentos que prueben que éste solicitó dichas convalidaciones.

Según publica eldiario.es, la jueza Carmen Rodríguez-Medel pidió a la URJC documentación sobre el máster de Derecho Autonómico que cursó Casado en 2008-2009 y que impartía el Instituto de Derecho Público de esa Universidad, el mismo que impartió el máster de Cifuentes.

Casado obtuvo la convalidación de 18 de las 22 asignaturas del máster por su licenciatura en Derecho, y aprobó las otras cuatro asignaturas con sendos trabajos.

La jueza, según eldiario.es, pidió a la Universidad información sobre las personas que conformaban la comisión de adaptaciones y convalidaciones el 3 de febrero de 2009 y un acta de la reunión, petición a la que la URJC responde que "no hay constancia documental de la composición de dicho Tribunal".

Y a la pregunta de la jueza por la solicitud del propio Casado de que se le convaliden las asignaturas, la Universidad responde que "no consta" en el Vicerrectorado ninguna solicitud por parte del interesado.

Por otro lado, el diario El País asegura hoy que dos de los principales imputados en el caso del máster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos, aprobaron a Pablo Casado las 4 asignaturas que no le fueron convalidadas y que sí tuvo que cursar.

De acuerdo con este diario, según las firmas de las actas de notas Álvarez Conde le avaluó en tres de ellas y López de los Mozos en la otra, y en todos los casos le pusieron un sobresaliente.

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ya envió el viernes una providencia al Congreso para que certificase la condición de aforado del diputado del PP, paso previo para que el Tribunal Supremo pueda solicitar a la Cámara un suplicatorio y así investigarle.