Gobierno, partidos y sindicatos, "indignados" por la libertad de los integrantes de La Manada

El Gobierno, dirigentes políticos y representantes de los partidos y de los sindicatos han coincidido este viernes en manifestar su sorpresa e indignación por la libertad provisional para los integrantes de La Manada y han pedido mayor formación sobre violencia de género y sexual, así como la reforma del Código Penal. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha dicho que el Gobierno se hace eco de la alarma social y de la preocupación de las mujeres, a las que "va a proteger", y ha señalado que "los hechos probados son gravísimos". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha explicado que el Ejecutivo está estudiando "cómo hacer" que los servicios jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales, aunque en el caso de la joven de La Manada ya no es posible.

Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha defendido que "todos los operadores jurídicos necesitan formación en violencia de género y violencia sexual" y ha considerado que es una "mala noticia política y jurídica".

Las reacciones del PP han venido de parte de las dos candidatas a la presidencia del partido. Así, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha dicho que "como mujer" se siente "profundamente decepcionada y muy frustrada" y ha considerado que es el momento de abordar la reforma del Código Penal. La otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que no se puede dar el mensaje de que un delito "tan grave" como el que han cometido los delincuentes de La Manada "sale barato".

De "mala noticia" ha calificado la resolución el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha asegurado que queda de manifiesto que "el Derecho no funciona".

También responsables políticos autonómicos han reaccionada a la puesta en libertad de los miembros de La Manada como el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha abogado por la reforma del Código Penal para que este tipo de agresiones sean interpretadas como violación y no como abuso.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que "mentiría" si dijera que no está "sorprendido", aunque ha incidido en la independencia del poder Judicial y en el acatamiento de las sentencias.

"Cuando el tiempo de los jueces no es entendido por el de la calle, tenemos un problema", ha advertido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en tanto que el de Asturias, Javier Fernández, ha expresado su solidaridad con la víctima y con todas las mujeres que también lo son.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado tener "la misma estupefacción e indignación" que la ciudadanía y ha constatado una "falta preocupante" de formación en perspectiva de género. "Indignación" e "incomprensión absoluta" ante la decisión judicial ha mostrado la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz, en tanto que la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha considerado que el Código Penal requiere una reforma "con tranquilidad pero sin pausa".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a las instituciones a "revisar lo que se tenga que revisar" en la legislación vigente para evitar "mensajes de impunidad" ante una "violación múltiple".

Por su lado, portavoces de asociaciones profesionales de jueces y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías han pedido respeto para los jueces que han decretado la libertad de los integrantes de La Manada en un auto ajustado a la legalidad y "razonado" y han subrayado el nivel de formación de los jueces en perspectiva de género.

Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que "no hay ninguna explicación jurídica" para la decisión sobre La Manada. A juicio de CC.OO., solo puede entenderse "como un claro desafío al sentido común de la democracia", a la vez que ha alertado de que "asistimos a una nueva vuelta de tuerca que golpea con más fuerza que nunca la dignidad de las mujeres".

Una petición abierta en Change.org para que los cinco miembros de La Manada sigan en prisión preventiva mientras el Tribunal Supremo resuelve recurso ha logrado casi 600.000 de firmas en menos de 24 horas. La decisión judicial ha motivado también la convocatoria de concentraciones en numerosas ciudades, como la de ayer en Lleida.