POLÍTICA PROCÉS
El Supremo confirma el procesamiento por rebelión de Puigdemont y 12 imputados más
El tribunal considera que puede existir un alzamiento contra el Estado sin el uso de armas || El juez Llarena suspenderá de sus funciones a los diputados, que no podrán votar ni delegar su voto
El Tribunal Supremo (TS) ratificó ayer el procesamiento por rebelión de Carles Puigdemont y el vicepresident cesado, Oriol Junqueras, además de otros 11 investigados por el “procés”. La Sala de Apelaciones del TS argumentó en un auto que “cabe una rebelión sin armas”, por lo que rechazó los recursos de 15 implicados, confirmando la decisión del juez Pablo Llarena, que investiga un total de 25 personas por el “procés”. La Sala considera “suficientemente razonable” calificar los hechos como “rebelión” al existir un “alzamiento” con un uso “torticero” del poder para conseguir la independencia de Catalunya al margen de la ley. Argumenta que “incitaron a ir a votar y en consecuencia a enfrentarse a las fuerzas del Estado a más de 2 millones de personas”.
De esta forma, los procesados por rebelión son Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Toni Comín, Dolors Bassa, Marta Rovira, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Además, Puigdemont, Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Sànchez y Comín se quedan a un paso de ser suspendidos como diputados en el Parlament. La decisión la debe tomar el juez Llarena y dejará a los diputados sin poder votar ni delegar el voto.
Mantiene su intención de modificar el Código Penal para adaptarlo a casos como el de Catalunya
Rufián avisa a Sánchez de que no olvidarán a los líderes independentistas “secuestrados” en la cárcel
El Supremo también confirma el procesamiento por malversación para 14 personas, al entender que “se organizó un sistema de engaño que, bajo la apariencia de partidas presupuestarias (...) ocultaba el destino de cantidades a otros fines”. Respecto al delito de desobediencia, que afecta a 12 procesados, la Sala recuerda que “al menos desde noviembre de 2015 las resoluciones del Tribunal Constitucional (...) fueron sistemáticamente ignoradas”.
Por otra parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, confirmó ayer en el Congreso que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su intención de cambiar el delito de rebelión para adaptarlo a las “nuevas situaciones” y “actores”, para adecuarlo a sucesos como los ocurridos en Catalunya. Por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que el Ejecutivo central “evaluará” el acercamiento de los presos cuando finalice la instrucción”. Mientras, la propuesta como nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, aseguró que en la España del siglo XXI “nadie está perseguido por sus ideas”. En otro orden de cosas, el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, señaló que el Govern estudia denunciar al Estado ante la UE por el cierre de webs posterior al 1-O, al entender que se incumplió la normativa europea sobre libertad de expresión e información.
Washington
El president de la Generalitat, Quim Torra, propondrá un referéndum pactado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos mantendrán el próximo 9 de julio, según indicó ayer en Washington ante los medios. “Nos planteamos avanzar por el camino hacia la república catalana” dijo Torra y explicó que una votación acordada “sería una solución muy aceptable”. Aún así, remarcó que “si no hay oferta de diálogo y negociación (...) seguiremos adelante con nuestro proyecto”, haciendo referencia a la unilateralidad. El president también señaló, durante la inauguración del Catalonia America Council, que el pasado 1-O los catalanes “ejercieron su derecho a la autodeterminación” y aseguró que no dejará de trabajar hasta que la república catalana “sea internacionalmente reconocida”.
Desde Moncloa, Sánchez emplazó a las fuerzas independentistas a “aprender de sus errores” y renunciar a la “unilateralidad”. Además, remarcó que cuando se refería a iniciar una nueva etapa y “pasar página” no solo se refería al 1-O, sino también a las sesiones parlamentarias del 6 y 7, que generaron una gran polémica entre la oposición. Por otro lado, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, advirtió a Sánchez que no se van a olvidar de los líderes independentistas “secuestrados”.
En otro orden de cosas, la consellera de Salud, Alba Vergés, informó de que no asistirá hoy al Consejo Interterritorial de Salud convocado por el ministerio. La consellera tomó esta decisión al defender una “relación bilateral” entre el Gobierno central y la Generalitat.