Llarena da 2 días al Govern de Puigdemont para pagar una fianza de más de 2 millones

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dio ayer un plazo de dos días a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los 12 consellers de su Govern cesados en aplicación del 155 para que abonen una fianza de 2.135.948,6 euros en concepto de responsabilidad civil. El montante deberá ser abonado de manera solidaria por estos 14 procesados, toda vez que el auto de procesamiento fue ratificado el martes por la Sala de Apelaciones del alto tribunal. En caso de que los líderes independentistas investigados no paguen la fianza en el plazo concedido, Llarena procederá a embargar sus bienes. Además, en su providencia, el magistrado recuerda también que la fianza no podrá ser pagada por ningún fiador. Por otra parte, Llarena dio ayer luz verde al traslado de Junqueras y del conseller cesado de Exteriores, Raül Romeva, a prisiones catalanas. En este sentido, y en respuesta a una consulta de Instituciones Penitenciarias, indicó que “no existe razón procesal alguna que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto”. Tras este posicionamiento, Llarena todavía tiene que pronunciarse sobre el acercamiento a Catalunya de los consellers cesados Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn, que solicitaron el jueves traslado. En otro orden de cosas, el juicio en el Supremo contra los líderes independentistas por el 1-O podría retrasarse hasta después de las municipales de mayo del año que viene. Según prensa madrileña

, la fase intermedia del procedimiento, podría extenderse hasta final de año, ya que la instrucción de la causa está durando más de lo previsto. De este modo, a principios de febrero de 2019 se podría fijar en la fecha del juicio, lejos de la previsión inicial de que tuviera lugar este mismo otoño. Así las cosas, la Fiscalía se había opuesto este martes a la salida en libertad de Forn alegando, entre otras, la proximidad del juicio.

El Ejecutivo niega ahora que agentes españoles participaran en el arresto de Puigdemont en marzo

La letrada de la administración de justicia de Granollers, que levantó acta del registro del domicilio de Josep Maria Jové, exnúmero 2 de Junqueras, en Les Franqueses del Vallès el 20 de septiembre, remitió un escrito a Llarena en el que certifica que Jové renunció a estar presente en el registro de su despacho en Barcelona antes de las 12:15, lo que contradice la versión de la Benemérita, que afirmaba que no les comunicó la decisión. Así, si el despacho de Jové hubiera sido registrado antes, la intervención en Economía habría podido ser más rápida, evitando la aglomeración de manifestantes en la puerta.

KIEL

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha notificado a Eurojust, que es el órgano comunitario que se encarga de la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea, que emitirá su decisión sobre si entrega o no a Carles Puigdemont a las autoridades españolas fuera del plazo máximo de 90 días que marca la normativa. En este sentido, el plazo ordinario es de 60, aunque en casos complejos puede prorrogarse hasta los 3 meses. No obstante, puede darse una tercera posibilidad en procesos excepcionales, tal y como explicó el abogado Gonzalo Boye, que permiten al órgano judicial demorar sine die la decisión. A este respecto, Boye achacó el retraso en el procedimiento a que el magistrado del Supremo Pablo Llarena sigue enviando documentos a Alemania para fundamentar la acusación de malversación contra el líder de JxCat. Además, Boye remarcó que los documentos están sólo en castellano, lo que ralentiza el proceso.

En otro orden de cosas, el Gobierno de Pedro Sánchez explicó ayer que en la detención de Puigdemont en Alemania el pasado mes de marzo “no participaron medio técnicos ni humanos españoles”. Así, en una respuesta por escrito al senador de Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo central contradijo la versión dada por la Policía Nacional el mismo día del arresto, cuando se afirmó que en la operación habían participado agentes del cuerpo y del CNI.

Los agentes del 1-O no pueden ser víctimas de odio, según la JusticiaEl Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminó ayer que calificar a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que participaron en el operativo del 1-O como “fuerzas de ocupación” o instar a echarles de los lugares en los que se hospedaban no es constitutivo de un delito de odio, ya que no forman parte de ningún grupo social. De este modo, los magistrados rechazaron la querella presentada por la Fiscalía contra el diputado de ERC Ferran Civit, pareja de la delegada del Govern en Bruselas, la leridana Meritxell Serret, que publicó en octubre tuits rechazando la presencia de los agentes en Catalunya.