La Justicia y el Ejecutivo polacos echan un pulso

La entrada en vigor de la polémica reforma de los tribunales polacos aprobada por el Ejecutivo y, por consiguiente, la obligación de los jueces de dejar su cargo al cumplir los 65 años, no fue óbice para que la presidenta del Tribunal Supremo de este país, Malgorzata Gersdorf, acudiera ayer a su lugar de trabajo. “Mi presencia aquí no es por política, estoy aquí para proteger el Estado de derecho”, afirmó la magistrada a su llegada a la sede del alto tribunal en Varsovia, arropada por políticos opositores.

Gersdorf explicó que la modificación legislativa introducida por el Gobierno impone el retiro de 27 de los 72 jueces actuales del Supremo. Además, indicó que la norma es inconstitucional, por lo que la desobedeció. A este respecto, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, había vaticinado que Gersdorf dejaría el cargo y acataría la nueva normativa judicial.

La nueva ley fuerza la jubilación de 27 de los 72 magistrados del Supremo, que la ven inconstitucional

Mientras tanto, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendió en la Eurocámara, en la ciudad francesa de Estrasburgo, que cada país de la Unión Europea pueda establecer su sistema legal de acuerdo con sus “propias tradiciones”. Así, recordó que “el pluralismo constitucional es uno de los grandes valores de los Veintiocho” y advirtió que las instituciones comunitarias “no pueden dictar las condiciones del Estado de Derecho a los estados miembros”. En este sentido, insistió en que la convergencia europea “no se puede construir en detrimento de los estados”. Por su parte, la Comisión Europea abrió el lunes un expediente contra Polonia por la controvertida reforma de su sistema judicial al considerar que esta norma socava el principio de independencia judicial.

Por tanto, en opinión del organismo presidido por Jean Claude Juncker, se incumple el Tratado de la Unión Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. El expediente ha recibido ya la carta de emplazamiento, que es el paso previo para llevar a los polacos ante el Tribunal de Justicia comunitario.