El Gobierno concluye que el PP aplicó recortes educativos sin pensar en las consecuencias

El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el impacto del real decreto de racionalización del gasto público aprobado por el anterior Ejecutivo del PP en 2012 y ha concluido que no tuvo en cuenta "sus consecuencias" respecto a los centros y los docentes.

El real decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo "tenía como único objetivo la reducción del gasto público, sin tener en cuenta las consecuencias de sus medidas en el funcionamiento de los centros educativos y en las condiciones de trabajo del profesorado", ha concluido el actual Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En su documento, ha recordado que la norma del anterior Ejecutivo fue impugnada por Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya, Navarra y País Vasco y que el Tribunal Constitucional consideró, en distintas sentencias, que las medidas adoptadas en materia de educación no universitaria se ajustaba al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado.

El informe aportado ahora por el departamento que dirige Isabel Celaá se centra en tres medidas que "han sido muy discutidas en la comunidad educativa".

Así, sobre la medida que posibilitaba elevar las ratios de alumnos por aula hasta un 20 %, Educación ha subrayado que los Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017 y 2018 ya establecen una tasa de reposición del 100 %, lo que permite mantener ratios menores de alumnos por aula.

Respecto al incremento de la jornada lectiva del personal docente hasta las 25 horas en Infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas, el informe señala que antes del decreto de 2012 no existía una regulación estatal con carácter básico sobre la jornada semanal del personal docente.

La ordenación de las horas del profesorado se efectuaba por la normativa de cada Administración Educativa, y en Secundaria y otras enseñanzas se situaban generalmente en las 18 horas, que ahora se recuperan.

Y sobre el plazo de diez días para poder nombrar interinos para sustituir de profesores, siendo el periodo previo atendido con los recursos del propio centro, Educación ha destacado que ahora esa medida puede ser modificada por ley ordinaria.