El militar de La Manada, en servicio activo, con el sueldo pero sin destino

El ministerio de Defensa levantó el martes la suspensión de su cargo a Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar de La Manada condenado a 9 años de cárcel por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016. Tal y como publicó el boletín oficial del departamento encabezado por Margarita Robles, Cabezuelo ha reingresado en el servicio activo a la espera de que la sentencia sea firme. A este respecto, fuentes de Defensa explicaron que la restitución es “simplemente de un trámite administrativo” de carácter obligatorio porque ha pasado el plazo de seis meses preceptivo desde que se dictó la suspensión sin que haya condena firme contra él. No obstante, a Cabezuelo no se le asignará destino y cobrará el 100% del sueldo base, entre 800 y 900 euros al mes. Mientras ha estado suspendido, percibía el 75% de la cantidad que le correspondía.

Al igual que Cabezuelo, el agente de la Guardia Civil Antonio Manuel Guerrero, también condenado como miembro de La Manada, se ha incorporado al servicio activo, pese a no tener destino. Fuentes de la Benemérita explicaron que, cuando la sentencia sea firme, se le podrá imponer una sanción administrativa por falta muy grave que le podría apartar del cuerpo por un máximo de 6 años.

Por otra parte, más de 750 jueces españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para advertirles de la “gravísima amenaza” contra la independencia judicial por el “linchamiento público” al que ha sido sometido el tribunal que condenó a La Manada sólo por abusos y no por agresión sexual, “con la complicidad y el aliento de políticos”. Los jueces denuncian la “presión social” contra la Audiencia de Navarra y la inacción del Consejo General del Poder Judicial. “Estamos completamente desprotegidos ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo en la función judicial”, subrayan, a la vez que solicitan al Consejo que “declare la existencia de un ataque contra la independencia y contra la legitimidad del Poder Judicial” y obligue al Estado a “cumplir las normas del Consejo de Europa” sobre esta cuestión.