Alemania entregará a Puigdemont por malversación pero descarta la rebelión

El tribunal de Schleswig-Holstein acordó ayer la entrega a España de Carles Puigdemont únicamente por malversación. La negativa de los magistrados alemanes a extraditar al líder de JxCat por rebelión coloca al Tribunal Supremo en una encrucijada y da ánimos al independentismo para seguir exigiendo la excarcelación de los políticos encarcelados.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein acordó ayer entregar a Carles Puigdemont a las autoridades españolas por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el referéndum del 1-O. No obstante, los magistrados de este tribunal rechazaron extraditarlo por el delito de rebelión, al entender que el líder de JxCat no fue el causante de la violencia que hubo en la jornada de votación ya que su objetivo era que el resultado de la consulta sirviese de base para futuras negociaciones con el Gobierno español. De este modo, en caso de materializarse el traslado de Puigdemont a España, el Tribunal Supremo sólo le podría juzgar por supuesta malversación, a diferencia del resto de imputados por rebelión que se quedaron en Catalunya tras la declaración unilateral de independencia. De este modo, el número 1 de JxCat se enfrentaría a una pena máxima de 12 años de prisión, mientras que el resto de procesados por rebelión podrían ser condenados a un máximo de 30 años de cárcel. La Fiscalía alemana, que actúa de correa de transmisión de las autoridades judiciales españolas, indicó que no puede recurrir la resolución del tribunal territorial.

Ante esta situación, el Supremo puede elegir entre tres opciones. Por un lado, puede seguir adelante con la extradición y sentar a Puigdemont en el banquillo únicamente por el presunto dispendio de dinero público en el 1-O. Por otro, puede retirar la euroorden contra el líder de JxCat, pero mantener una orden de detención contra él en territorio español, lo que le impediría regresar del extranjero y salir de Alemania. Como tercera opción, el magistrado Pablo Llarena puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre si la normativa de la euroorden permite a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein actuar del modo en el que lo ha hecho. Fuentes cercanas a Llarena, citadas por El Mundo, avanzaron ayer que rechazará la extradición de Puigdemont por malversación, aunque no está claro si acudirá a instancias comunitarias.

Tras conocerse la resolución de los magistrados alemanes, el propio Puigdemont se felicitó porque “hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado”. Asimismo, dijo que “vamos a seguir luchando hasta el final” por la libertad “de nuestros compañeros encarcelados”. En la misma línea, su abogado Jaume Alonso-Cuevillas calificó de “gran éxito” el fallo. Igualmente, anunció que interpondrán un recurso ante el Tribunal Constitucional alemán para impedir que Puigdemont pueda ser extraditado a España por presunta malversación, para lo que tienen un plazo de 30 días.

JxCat, ERC y CUP piden liberar a los presos tras el fallo La decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de no extraditar a Carles Puigdemont por un presunto delito de rebelión fue calificada de “gran noticia” por el president de la Generalitat, Quim Torra, que, a la salida de la cárcel de Lledoners, en la que se reunió con los consellers cesados Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, subrayó que “ha caído el relato ficticio del Estado”. Por eso, exigió la libertad de los políticos encarcelados por el procés, cuyo encierro es “una injusticia y una indecencia” para el jefe del Executiu. En la misma línea, el conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, insistió en que la resolución es “una orden de libertad para Junqueras, Romvea y el resto de prisioneros y exiliados”. También la aranesa Anna Geli, diputada de JxCat, dijo que “la justicia alemana es justa” mientras que su compañero de filas Josep Costa, aseguró que “seguiremos luchando para demostrar que no hay malversación”. La portavoz de ERC, la leridana Marta Vilalta, se felicitó porque “el relato inventado de España empieza a deshacerse”, a la vez que el también republicano Sergi Sabrià pidió la libertad de los encarcelados. Igualmente, la diputada cupaire Natàlia Sànchez dijo que la resolución evidencia que hay un “proceso político” en los tribunales españoles.