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POLÍTICA EL PROCÉS

Sánchez no gobernará 'más allá de lo razonable' tras el giro del PDeCAT

Artadi ofrece estabilidad si hay diálogo || Borrell descarta hablar de un referéndum en la comisión bilateral y ve irregularidades en la reapertura de las delegaciones

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, con el conseller de Territorio, Damià Calvet, ayer, en la Generalitat.

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, con el conseller de Territorio, Damià Calvet, ayer, en la Generalitat.EFE

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La portavoz del Gobierno central, Isabel Celáa, explicó ayer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se plantea adelantar las elecciones generales, aunque añadió que “nadie va a resistir más allá de lo razonable” habida cuenta del aviso que lanzó el lunes la nueva vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, que aseguró que, tras la asamblea de los exconvergentes, La Moncloa tendrá más difícil contar con sus votos en el Congreso. Así las cosas, la ministra de Industria, Reyes Maroto, invitó a la formación liderada por David Bonvehí a “trabajar” conjuntamente porque “el bloqueo” no es “bueno” para nadie. Desde la Generalitat, la portavoz del Executiu, Elsa Artadi, tendió la mano a Madrid para “garantizar la estabilidad del Estado”. No obstante, supeditó el apoyo independentista al Gobierno socialista en la Cámara Baja a que las políticas de Sánchez “se encaminen a solucionar la situación política que está pendiente de resolver”.

Artadi dio cuenta que, desde el 13 de julio, los 6 diputados suspendidos por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena al haber sido procesados por rebelión, entre los que está Carles Puigdemont, ya no cobran el salario como parlamentarios por decisión de la Oïdoria de Comptes del legislativo catalán. También manifestó que espera cerrar hoy el orden del día de la comisión bilateral Estado-Generalitat que tendrá lugar la próxima semana. En relación con esta cumbre, el conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, insistió ayer en que, en ella, se tiene que abordar la situación de los presos y de los “exiliados”, así como la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Sin embargo, el ministro de Exteriores, el leridano Josep Borrell, cerró la puerta a incluir estas cuestiones en el orden del día porque ese derecho “no está reconocido en ninguna parte”. Además, afirmó que la Generalitat “no ha respetado el procedimiento que establece la ley” para reabrir sus delegaciones en el exterior, lo que “no me deja demasiado margen de maniobra”. Igualmente, hizo hincapié en que si se trata de “reaperturas”, también se reabrirán los recursos que interpuso el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra ellas.

En otro orden de cosas, el mismo día en el que falleció en Bélgica Pere Comín, hermano de Toni Comín, que se desplazó a ese país para morir al lado de su familia tras una enfermedad y en el que se cumplieron 4 meses del traslado de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a Suiza, el Parlament acordó no retomar las sesiones suspendidas la pasada semana hasta el mes de octubre, a la par de la celebración del debate de política general, que está previsto para los días 2, 3 y 4 de ese mes. Esta decisión, fruto del desacuerdo de JxCat y ERC en relación con qué hacer ante la suspensión de los 6 diputados procesados por rebelión, suscitó el rechazo de los grupos de la oposición, que la tildaron de “atropello”, en palabras de la líder de Cs, Inés Arrimadas, y de “despropósito”, según la socialista Eva Granados.

La Justicia prohíbe las esteladas en edificios públicos y en las calles El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó ayer una sentencia en virtud de la cual prohíbe a los ayuntamientos la colocación de banderas esteladas en edificios de la administración local y en la vía pública. De este modo, los magistrados desestimaron un recurso presentado por el consistorio de Sant Cugat del Vallès contra una sentencia de un juzgado de Barcelona que le ordenaba no colocar una estelada en una plaza de la ciudad a instancias de una denuncia de Societat Civil Catalana. El alto tribunal catalán razonó que dicha bandera “constituye un símbolo de la reivindicación independentista” cuyo uso “sólo puede ser calificado de partidista” al no ser el “símbolo oficial de ninguna administración territorial”. Por ello, según la sentencia, atenta contra los principios de “objetividad” y “neutralidad institucional”. La resolución del TSJC puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

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