Cs se abstendrá y el PP recurrirá el decreto ley para exhumar a Franco

El PP y Ciudadanos (Cs) anunciaron ayer que no van a apoyar en el Congreso el decreto ley que aprobará mañana el Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Ambos partidos creen que “no es urgente”, aunque su voto no es necesario para que salga adelante si cuenta con el del resto de los grupos parlamentarios.

Los populares afirmaron que recurrirán el decreto al Tribunal Constitucional porque este se reserva para cuestiones de urgente necesidad. Algo que no sucede con el caso de los restos del caudillo, pues solo se pretende, según el secretario general del partido, Teodoro García, “reabrir lo que el consenso constitucional cerró hace 40 años”. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también aseguró que no apoyará la convalidación del citado decreto y se abstendrán si, como todo parece apuntar, la propuesta del Gobierno sólo es para exhumar a Franco y por decreto ley “como si fuera una urgencia”, lo que no ven justificado “después de 40 años”. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, acusó a Rivera de haber perdido “el norte”, pero está convencida de que el decreto conseguirá la mayoría necesaria para ser convalidado.

El consistorio de Sada solicita que se incluya la devolución del pazo junto a la exhumación

Uno de los redactores del manifiesto niega que haya 140.000 “asesinados ni desparecidos”

Por su parte, Podemos apoyará el decreto, pero solicitó que se piense “en todas esas familias que también están esperando algún tipo de reparación”, en palabras del secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, también anunció ayer el apoyo de su grupo a esta medida. El PDeCAT instó al Gobierno de Pedro Sánchez a ir “más allá” del decreto ley y reclamó también la anulación de los juicios políticos de la dictadura.

Sobre el Pazo de Meirás, el edil de Sada expresó que comparte la exhumación del cadáver del caudillo, pero también solicitó que en el decreto ley se incluya la devolución de la propiedad, que ostenta la familia Franco.

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Un grupo de militares en activo, retirados y familiares de profesionales castrenses expresaron ayer su “rechazo total” al manifiesto firmado por un centenar de personas, entre ellos cinco reservistas, exaltando la figura del dictador Francisco Franco. Entre los firmantes está el exJEMAD, diputado de Podemos y general de Aire, Julio Rodríguez. Todos ellos afirman que Franco no merece “respeto y desagravio” y recuerdan que encabezó un golpe de Estado “sangriento y genocida contra la II República”. “La sociedad debe decirle a esos militares que se callen. Que el fascismo se ha terminado en este país hace mucho tiempo”, declararon.

Entretanto, el ministerio de Defensa abrió ayer una investigación sobre los cinco militares en la reserva que firmaron el manifiesto de apoyo al dictador Franco. La investigación se dará inicio el sábado, de mano del instructor designado por el ministerio, el teniente general Miguel Ángel Villarroya, quien llamará a declarar a estos cinco reservistas. Asimismo, el ministerio ha informado de que ante las nuevas incorporaciones al citado escrito, comprobará si alguna de las nuevas adhesiones está también vinculada a Defensa, en cuyo caso se ampliará la investigación.

En cuanto a los acusados, el general en la reserva Manuel Fernández-Monzón, uno de los cinco firmantes del manifiesto, negó ayer que hubiese asesinatos durante la Dictadura y subrayó que había “condenados” por tribunales “absolutamente legales”.

“Pura y simplemente, lo de los 140.000 asesinados y represaliados después de terminar la Guerra Civil es mentira. Es mentira. No existen esos 140.000 asesinados ni desaparecidos”, insistió.

También argumentó que en los consejos de guerra hubo “condenado, no asesinados”.

El decreto ley para la exhumación será el séptimo de Pedro Sánchez La reforma de la Ley de Memoria Histórica para dar cobertura legal a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos constituirá el séptimo decreto ley que aprueba el Gobierno de Pedro Sánchez en apenas dos meses de mandato.

Sánchez se quejó en reiteradas ocasiones del “abuso” que el Ejecutivo de Mariano Rajoy hacía de este intrumento para aplicar leyes sin tener el aval previo de las Cortes. Para él, era “menospreciar” al Parlamento y se comprometió a reducirlo cuando governase.