España echa a 116 migrantes que saltaron la valla en Ceuta

El Gobierno de España expulsó ayer a Marruecos a los 116 migrantes subsaharianos que lograron saltar la valla el pasado miércoles en Ceuta y que dejaron siete guradias civiles heridos.

La devolución se produjo gracias a un acuerdo firmado entre ambos países en el año 1992 para la readmisión de extranjeros que entran de manera irregular a territorio español a través de sus fronteras, según fuentes del ministerio del Interior, que añadieron que este acuerdo “se ha reactivado” ahora, pero no concreta si seguirá aplicándose para todas las personas que logren saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

Además, el departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska informó de que la Policía Nacional realizó todos los trámites habituales para su expulsión, y que este procedimiento se ha llevado a cabo de forma individual, persona por persona, con asistencia letrada y sanitaria.

Dos “posibles menores” que entraron a Ceuta durante el salto permanecen en la ciudad autónoma tras haber informado sobre su edad a las autoridades.

Interior no aclara si hará lo mismo a los migrantes que a partir de ahora salten la valla desde Marruecos

Por otro lado, ayer por la tarde se reunió de manera extraordinaria la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Ceuta para valorar la posibilidad de recurrir las devoluciones de los 116 inmigrantes, según informó el miembro de la Junta de Gobierno de esta institución, José Luis Pizarro. El abogado cuestionó que ninguno de los inmigrantes pidiese asilo y añadió que todos los letrados “desconocían” que el fin último era la “devolución más que exprés” que llevó a cabo el Gobierno posteriormente. “Oficialmente no teníamos ninguna información. Les prestamos asistencia pero desconocíamos por completo la segunda parte. Nos ha sorprendido muchísimo lo que ha pasado”, afirmó. El letrado dijo que la asistencia letrada que recibieron los 116 inmigrantes fue “para cubrir el trámite” y “de cara a la legislación internacional” para que no se pueda acusar a España de vulnerar los derechos de los migrantes por no ofrecer dicha asistencia.