PANORAMA
Madrid defenderá al juez Llarena “hasta las últimas consecuencias”
Delgado: “La defensa de los intereses de España pasa por defender al magistrado” || El PP pide estudiar una querella contra el juzgado belga que lleva la demanda
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, dejó ayer claro que el Gobierno central defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, que pasa también por “defender la actuación jurisdiccional” del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
La ministra, tras las críticas recibidas desde la oposición política y desde la mayor parte de asociaciones de jueces y fiscales, defendió en una entrevista en Radio Nacional los pasos dados por el Ejecutivo y negó que se haya producido ningún cambio en su posición. “Vamos a defender hasta las últimas consecuencias a la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena”, aseveró Delgado.
Su departamento ultima la contratación de un despacho de abogados belga ante la demanda civil que Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers han interpuesto en Bélgica contra Llarena, que instruye la causa del procés.
El magistrado está citado el próximo 4 de septiembre, pero, al tratarse de una demanda civil, no tendrá que presentarse y podrá ser representado por la defensa que contrate el Ejecutivo.
A juicio de la mayor parte de las asociaciones de jueces, la posición del Ejecutivo supone una “rectificación” de la postura mantenida por Justicia hace unos días, cuando explicó que solo se personaría si el juez belga cuestionaba la instrucción del procés pero “en ningún caso” por manifestaciones de carácter privado del juez Llarena.
El PP optó por pedir la comparecencia de la ministra en el Congreso para que “fije definitivamente” su posición tras los “bandazos” que, según su presidente, Pablo Casado, da el Gobierno central en este asunto. También pidió que se estudie la presentación de una querella contra el juzgado belga por “inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española”. Ciudadanos, por su parte, presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que pide a la Cámara que apoye “sin fisuras” la labor de jueces y fiscales.
Desde Podemos, Pablo Echenique se mostró en contra de que “todos los españoles” costeen la defensa del juez.
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, cree que el Gobierno se equivoca al defender al juez y achacó la decisión del Ejecutivo central a que se ha “amedrentado” ante la presión de “la derecha mediática y política”.
Mientras, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, tachó de “lacayo de Génova” al juez Llarena y criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por defenderle ante la demanda civil planteada en Bélgica.
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