Polémica por un error de traducción en la demanda contra Llarena

El abogado de Carles Puigdemont y los exconsellers en el extranjero, Gonzalo Boye, admitió ayer que la traducción de las declaraciones del juez Pablo Llarena, que sirven como base para la demanda del líder de JxCAT, se presentaron ante los tribunales belgas con un error en la traducción al francés.

La demanda recoge las declaraciones que el magistrado del Tribunal Supremo emitió el 22 de febrero en la prensa, tras un acto público en Oviedo. En estas declaraciones, el juez hablaba sobre si el caso del procès es o no un delito político.

En las declaraciones, el magistrado expresa que “.. si es que esto ha sido así, pues deben ser investigados”, refiriéndose a Puigdemont y a todos los políticos procesados. En la traducción, en cambio, se atribuye al juez Llarena que “sí, es esto lo que se ha producido”.

Este “matiz”, según calificó Boye, lleva a considerar que el juez Llarena daba por probada la comisión del delito en plena instrucción del caso. Boye explicó ayer que “se lo vamos a preguntar al traductor y se lo vamos a informar al juzgado, pero eso no altera en absoluto la demanda”.

Sobre este asunto, otro de los abogados de Carles Puigdemont, Christophe Marchand, afirmó que tras este error no existe una “intención de falsear la declaración de Llarena”.

El PP solicita el cese de Dolores Delgado por su ‘inacción’ en torno a la denuncia contra Llarena

En cuanto a la corrección de este error, Puigdemont deberá esperar hasta el próximo 4 de septiembre, cuando se presente la vista por la denuncia, para corregir el error en la traducción.

Sobre todo esto, Casado calificó de “auténtica vergüenza” que Puigdemont “haya manipulado” presuntamente unas declaraciones de Llarena. Además, denunció que la Abogacía del Estado debería haber detectado lo que califica de “agresión” a la justicia española.

Por otra parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitó ayer comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso “para explicar las gestiones realizadas por el ministerio para defender ante un tribunal civil belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial”.

Esta solicitud surgió después de que el PP exigiera al ministerio el cese de Delgado por su “inacción” en la defensa del magistrado Llarena, reclamando, además, que el Ejecutivo pida disculpas al juez.

Asimismo, el Partido Popular afirmó que pedirá la reprobación en el Congreso y en el Senado, Cámara en la que tiene el éxito garantizado gracias a su mayoría absoluta. En otro orden de cosas, la plataforma de juristas Movimiento24DOS anunció ayer que presentará una querella por prevaricación y usurpación de funciones públicas ante los tribunales españoles contra el juez belga al que corresponde la demanda civil contra Llarena, en caso de que Bélgica no la inadmita de plano.

Este anuncio va en la línea de lo que Pablo Casado (PP) manifestó el lunes en torno a la posible querella contra los tribunales belgas por su ánimo de “inmiscuirse en la integridad y en la inmunidad de la jurisdicción española”.

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, afirmó ayer que la demanda civil interpuesta en Bélgica por Carles Puigdemont contra el juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, “no es una cuestión privada, sino de Estado”.

Así intentó Sánchez zanjar la polémica abierta por el cambio de discurso por parte de su Gobierno en torno a este asunto, mientras visitaba Chile y su homólogo en este país, Sebastián Piñera.

La semana pasada se diferenciaba, de forma expresa, entre la defensa de la jurisdicción española y la personal del juez, a quien no podía representar por actos privados.

Sánchez dio ayer por zanjada la polémica por su cambio de discurso, expresando una “absoluta confianza” en la ministra de Justicia, Dolores Delgado, después de que el PP solicitara su cese de actividad.

Por otro lado, Pedro Sánchez anunció que celebrará, antes de final de año, un Consejo de Ministros en Barcelona y otro en Andalucía. Estos consejos tienen como objetivo tratar y aprobar medidas que interesen a los ciudadanos de estos territorios.

Sobre Catalunya, el Presidente expresó que es “profundamente respetuoso” con su autogobierno, pero también quiere demostrar que el Ejecutivo español “tiene un proyecto para todos y cada uno de los pueblos y territorios de España”.

De hecho, el Consejo de Ministros en la ciudad condal pretende demostrar que Madrid no sólo practica una política de mano tendida a Catalunya, sino que además esa política se traduce en hechos y medidas concretas, según Sánchez.