La Justicia belga aplaza la vista contra Llarena tres semanas

La sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas recibió este martes la demanda de Carles Puigdemont y varios exconsejeros contra el juez Pablo Llarena, instructor de la causa por el 1-O, y decidió aplazar hasta el 25 de septiembre la fecha para una segunda vista.

La magistrada llamó a las partes de cada demanda en agenda hoy en el Tribunal y dio fecha para una segunda vista, que en el caso de la demanda de Llarena será el próximo 25 de septiembre a las 09.00 hora local (8.00 GMT).

Durante la vista introductoria, la magistrada no se pronunció sobre su competencia o no para juzgar la denuncia civil contra Llarena por presunta violación de la presunción de inocencia de los demandantes, que reclaman un euro simbólico como compensación.

La jueza belga se limitó a recibir los alegatos por escrito de las partes, estando representado Llarena por el abogado Hackim Boularbah y los demandantes por los letrados Christophe Marchand y Gonzalo Boye, entre otros.

El abogado que representa a Llarena pidió a la jueza que la vista del 25 se celebre en una sala con tres jueces en lugar de uno, algo que no plantea problema a los demandantes. El juez Llarena, que no tenía obligación de acudir presencialmente a la vista, no se presentó en el juzgado. Sí lo hicieron los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig, aunque no intervinieron.

El edificio donde se encuentra el tribunal amaneció con lazos amarillos de plástico en las barandillas hasta que un funcionario procedió a retirarlos cuando comenzó la actividad del juzgado.

La vista preliminar celebrada hoy ha sido un "primer contacto" entre las partes para presentar sus alegaciones. Los demandantes reclaman a Llarena un euro por daños y prejuicios en una demanda con la que pretenden demostrar que la causa abierta en el Supremo por el "procés" no está dirimiéndose con imparcialidad.

Para éstos, el juez belga debería admitirla a trámite porque se trata de una cuestión privada de Llarena, pero el Gobierno consideró su defensa una "cuestión de Estado" y aseguró que defendería hasta las últimas consecuencias la integridad y soberanía jurisdiccional, que pasa también por "defender la actuación jurisdiccional" del juez.