Interior envía a 500 antidisturbios a Catalunya por los actos de la Diada

Tres de estos incidentes, los presentados por Carles Puigemont y sus exconsellers también en el extrangero Lluís Puig y Clara Ponsatí se inadmitieron de plano en consonancia con lo defendido en su informe por la Fiscalía, ya que los jueces que pretendían que se apartaran no serán en todo caso los que les juzguen si regresan a España y son encausados.

Las otros ocho recusaciones, presentadas por todos los investigados en prisión con excepción de Joaquim Forn, fueron rechazadas con unos argumentos que serán dados a conocer en los próximos días, cuando el auto sea comunicado a todas las partes.

Según el ministerio del Interior este dispositivo es habitual cada mes de septiembre en Catalunya

ANC considera que el poder económico “debe ser menos cercano al poder político español”

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Madrid

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El ministerio del Interior autorizó ayer el envío a Catalunya de 500 agentes de unidades de seguridad ciudadana, los conocidos como ‘antidisturbios’, en el marco de un dispositivo de refuerzo similar al diseñado en la Diada previa al referéndum del 1 de octubre del año pasado, cuando se llegaron a movilizar hasta 6.000 policías y guardias civiles.

La dirección general de la Policía Nacional autorizó el trasaldo de unos 500 agentes de una decena de grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para la custodia de edificios oficiales y en previsión de posibles altercados de seguridad ciudadana.

Según fuentes del ministerio dirigido por Grande Marlaska, Catalunya requiere cada mes de septiembre de un despliegue policial reforzado ante la concentración de eventos con gran afluencia de público, entre ellos la Diada que se celebra el próximo martes.

No obstante, diferencian el contexto en el que se celebra la Diada y los actos programados de reivindicación independentista de este otoño con los del año pasado.

Por otro lado, la Guardia Civil confirmó ayer en su Boletín Oficial que suspende el traslado de casi 300 agentes destinados en Catalunya basándose en la necesidad de “garantizar la seguridad ciudadana” ante los eventos que se celebran en el mes de septiembre. En este sentido la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) criticó que estos 300 agentes no reciban una compensación económica por suspender su traslado.

La consellera de Justicia de la Generalitat, Esther Capella, consideró una “mala idea” y una medida “innecesaria” la decisión del ministerio del Interior de desplegar 500 agentes antidisturbios durante las celebraciones de la Diada del próximo martes y añadió que “a nadie se le escapa quién es el competente en materia de seguridad en Catalunya, que son los Mossos d’Esquadra, y supongo que nadie pone en duda las competencias y las capacidades de los Mossos”, señaló.

Paulize también destacó que “el éxito del referéndum” del uno de octubre fue la conjunción de la legitimidad parlamentaria, del gobierno que “ejecutó con dificultades durante el mes de septiembre” y de la gente, ya sea afiliada en asociaciones como ANC o Òmnuim Cultural, o no adherida a ninguna entidad. Durante su intervención, la presidenta del ANC planteó cuestiones como el papel del poder económico, que “debe ser menos cercano al poder político español”, y qué política exterior debe llevar a cabo el Govern y especialmente analizar “los errores del pasado para poder materializar la república”. Paluzie era una de los cuatro ponentes en el debate sobre el futuro catalán que convocó Endavant, entidad de la izquierda independentista. Los otros invitados fueron el diputado de la CUP-CC Carles Riera, la portavoz internacional Comission of European Citizens ICEC Catalunya, Anna Arqué, y el miembro de la ejecutiva nacional Envadant, Joan Teran.

Por otro lado, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, rechazó ayer la posibilidad del regreso de su sede a Catalunya como decidió recientemente Agbar, y aseguró que el traslado fue la única solución posible ante la pérdida de confianza por la inestabilidad política del momento.

El presidente de la Cámara de Comercio de España, Jose Luis Bonet, aseguró que, aunque la actual situación política en Catalunya “no es una catástrofe económica”, sí “estamos perdiendo oportunidades”, y pidió al president de la Generalitat, Quim Torra, diálogo con el Gobierno central.