POLÍTICA ECONOMÍA
Borrell confirma la venta de bombas con Arabia Saudí
Asegura que son de precisión y no producen efectos colaterales || Las protestas de los trabajadores del astillero Navantia cesan
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, confirmó ayer la venta de 400 bombas a Arabia Saudí porque no encontró “ninguna razón” para prohibirla. Borrell añadió que este “armamento es de precisión” guiado por láser, algo que se traduce en que “no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria”, en alusión al “miedo” que Margarita Robles, la ministra de Defensa, había argumentado para fundamentar su decisión de cesar la venta. Pese a todo, Borrell evitó polemizar “en público” sobre la decisión de Robles.
En este sentido, el ministerio de Defensa había avanzado que se cancelaría esta venta y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en enero de 2015. Un contrato que formalizó el gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez precisó, después, que ese contrato de venta de armas estaba en estudio, que no se había adoptado una decisión en firme y que su cancelación era una mera declaración de intenciones por parte de Defensa.
Meritxell Batet afirmó que ‘el Gobierno tiene la obligación de garantizar los puestos de trabajo”
La decisión anunciada por Borrell hizo que los trabajadores de Navantia parasen sus protestas ayer mismo, horas después de su comparecencia. La cancelación de la venta de las bombas podía haber puesto en peligro, a su vez, el contrato de Arabia Saudí para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia, una posibilidad ante la que en las últimas semanas se han sucedido las protestas de los trabajadores de los astilleros de esta empresa en San Fernando. Las corbetas están valoradas en 8.100 millones de euros y suponen una contratación de 6.000 nuevos trabajadores para la empresa, generando una gran mejora económica entre los ciudadanos de la localidad gaditana.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se pronunció diciendo que “el Gobierno tiene la obligación de garantizar los puestos de trabajo en una industria capital”.