Alcaldes del 1-O piden archivar las causas al no existir una denuncia

El vicepresident del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, avisó a Sánchez de que la negociación sobre los presupuestos va ligagada a la situación catalana.

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Jordi Sànchez declaró ayer que, en todo momento, se evitó la violencia en la manifestación del 20-S

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Los alcaldes de la provincia de Girona investigados por los sucesos del 1 de Octubre solicitaron ayer a la Fiscalía del Estado que archive sus causas de forma “inmediata” al no existir ninguna denuncia contra ellos y al considerar la investigación “una actuación totalmente desproporcionada”. Realizaron esta petición mediante una carta firmada por todos, que recoge que la firma del decreto dando apoyo al referéndum fue “un acto de carácter político” y, en ningún caso, “puede interpretarse con términos punitivos”. El entonces fiscal general, José Manuel Maza, ordenó investigar a estos alcaldes el año pasado.

Los alcaldes sostienen que no hay “ningún indicio” de que se hayan cometido los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación sobre los que se les acusan. En lo referente a los fiscales del caso, estos han tenido un plazo máximo de un año para poder presentar un requerimiento al total de 720 alcaldes implicados en la aprobación de los decretos a favor del referéndum. Sin embargo, no solo han excedido este plazo, sino que únicamente han llamado a declarar a cincuenta de ellos.

Hoy se cumple un año de las detenciones de Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda, de Josep Maria Jové, exsecretario general de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, y diez trabajadores públicos. Desató una protesta multitudinaria frente al departamento de Economía, ese mismo día y hasta la madrugada. Una comisión judicial entró en el edificio para registrar los despachos de los exsecretarios y tuvo que salir por el tejado. Esta manifestación supuso la orden de detención, semanas después por el juez, de los presidentes de Òmnium Cultural y de la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Salvadó y Jové, que quedaron en libertad a las 48 horas, describieron ayer el trato recibido como “humillante” y “deshumanizante”.

Roger Español afirmó que los 13 agentes de la Policía Nacional “justificarán lo injustificable” en relación a lo sucedido, aunque ve como una “muy buena noticia” que el magistrado de Barcelona haya iniciado una investigación contra ellos. Los agentes españoles actuaron en la escuela Ramón Llull de la capital catalana, donde se encontraba el afectado.