Sánchez emplea un atajo legal para evitar que el Senado bloquee los presupuestos

El Congreso de los Diputados fue ayer el escenario de una sesión tensa marcada por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir a un atajo legal para acabar con el veto efectivo del Senado sobre los presupuestos generales del Estado y asegurar, a priori, su aprobación (más información en página 18). Así, el grupo parlamanetario socialista registró una enmienda a una ley que reforma la del Poder Judicial, y que tiene por objeto mejorar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia machista, con la que se pone fin a la capacidad de la Cámara alta, en la que tiene mayoría absoluta el Partido Popular para frenar las cuentas. El jefe del Ejecutivo defendió que esta “técnica parlamentaria” es “perfectamente legal”. Asimismo, hizo hincapié en que “lo importante es que vamos a tener un presupuestos con 6.000 millones más, suficiente para reconstruir el Estado de bienestar”. En la misma línea, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, recordó que los populares han usado hasta “siete veces” este atajo para cambiar una ley a través de otra. Sin embargo, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, acusó a La Moncloa de “pasar por encima de las leyes” y advirtió de que “lo que no va a hacer es pasar por encima de los españoles”. En este sentido, fuentes populares avanzaron que, si no consiguen frenar en el Congreso esta enmienda, recurrirán al Tribunal Constitucional. La jurisprudencia de este órgano respecto de esta cuestión hasta el momento ha sido vacilante, avalando en parte y con matices la maniobra. El atajo gubernamental también fue criticado por el líder de Cs, Albert Rivera, que lo tachó de “triquiñuela”. Así, a la vez que afirmó que la enmienda es “inconstitucional”, pidió su retirada. Por contra, el número 1 de Podemos, Pablo Iglesias, calificó la maniobra de “legítima”.

La jurisprudencia del TC ha sido vacilante y en otros casos ha avalado en parte y con matices la maniobra

MADRID

El Pacto de Toledo desconvocó la reunión prevista ayer en el Congreso debido a los desencuentros entre los diferentes grupos que lo integran a la hora de consensuar una fórmula que modifique el actual sistema de revalorización de las pensiones y garantice que los beneficiarios de las mismas mantengan su capacidad adquisitiva. Según fuentes próximas a las negociaciones, el PSOE y Podemos habían acercado posiciones el martes para que la base de la actualización de las pensiones fuera la evolución del IPC. Sin embargo, los socialistas insistieron en considerar para su revalorización, a parte del índice de precios, otros elementos como el PIB o los salarios. Con todo, desde el PP acusaron tanto a PSOE como a Podemos del desencuentro. Así las cosas, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, descartó vincular por ley las pensiones al IPC sin el aval del Pacto de Toledo, con lo que la reforma sigue bloqueada. Mientras, ante el Congreso, cientos de pensionistas se concentraron para protestar.