La Fiscalía descarta imputar a Aragonès por desobedecer al no hallar “bastantes indicios”

La Fiscalía Superior de Catalunya descartó ayer la imputación del vicepresident Pere Aragonès por un presunto delito de desobediencia en el marco de la causa contra la cúpula independentista por la celebración del 1-O. Aragonès, que era secretario de Hacienda en el departamento encabezado por Oriol Junqueras, había sido acusado por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, de no haber hecho nada para impedir el referéndum, pese a haber sido apercibido por el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre del año pasado para ello. Al ser aforado, Ramírez Sunyer elevó un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que le investigara por desobediencia. Sin embargo, el teniente fiscal, Pedro Ariche, mostró su disconformidad con el planteamiento del juez de instrucción, al entender que los indicios contra Aragonès no son “bastantes” como para actuar penalmente en su contra. No obstante, dejó la puerta abierta a hacerlo en el futuro, en caso de aparecer nuevos elementos de prueba.

A diferencia de con el exvicepresident, el fiscal se mostró partidario de investigar al exnúmero 2 de Junqueras, Josep Maria Jové, por no haber acatado los apercibimientos del Tribunal Constitucional. Jové fue uno de los arrestados el 20 de septiembre de 2017 por su presunta implicación en la logística del referéndum. A estos efectos, el Ministerio Público argumenta, en su escrito, que Jové se concertó con otras autoridades y funcionarios para impulsar el 1-O, “todo ello con la inherente utilización de los recursos públicos por él mismo gestionados”.

El juez de instrucción 13 de Barcelona y el fiscal cifran en 2.239.912,22 euros el gasto público en el 1-O

Pere Aragonès, por su parte, afirmó anoche que la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona a raíz del 1-O en su contra está “motivada políticamente”.

Por otra parte, el Tribunal Supremo examinará el 6 de noviembre los recursos del expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau contra la sentencia del TSJC que les condena por la consulta del 9-N.

MADRID

El descontento de la judicatura con la Justicia alemana tras la decisión de no entregar a Carles Puigdemont por rebelión se hizo patente en las conversaciones del polémico chat judicial, filtradas ayer por ElDiario.es y ElMón.cat. En este sentido, la titular del juzgado de lo penal número 4 de Murcia, Isabel María Carrillo Sáez, lamentaba que los alemanes exijan al Estado garantías como “el estado de las prisiones, sus condiciones higiénicas, el mobiliario de que disponían, y varias chorradas más”. “Exigen como si fuéramos un país bananero”, denunciaba. Por su parte, Florencio de Marcos Madruga, titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Valladolid, comparaba el caso de Puigdemont con el de “un violador que en vez de introducir el pene mete objetos en la vagina”. “En España eso es violación, pero hay países en los que no”, apuntaba. También, el presidente de la Sala número 14 de la Audiencia de Barcelona, Agustín Vigo Morancho, se preguntaba acerca de “qué dirían los alemanes si un tribunal español hubiera acordado lo mismo que la audiencia territorial germana en su asunto similar”. Ante estas filtraciones, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, afirmó ayer que “no comparte las opiniones publicadas, ni el lugar elegido es el adecuado para formular opiniones particulares”. Así, instó al CGPJ a depurar responsabilidades, “si las hay”. Así las cosas, la portavoz del Ejecutivo central, Isabel Celáa, subrayó que el chat es “privado” y que, por tanto, “los mensajes no han de ser objeto de consideración pública”. Sin embargo, esta afirmación contradice la tesis defendida por el CGPJ al sancionar al juez Frederic Vidal que, en ese mismo foro, criticó la actuación policial del 1-O. Entonces se estimó que el chat, al ser corporativo, no era de carácter personal.

Borrell: “Llevará 20 años resolver la división en Catalunya”El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, estimó ayer en Nueva York que resolver “con éxito” la división visible dentro de la sociedad catalana desde que se celebró el referéndum del 1-O podría llevar “veinte años”. Durante una conferencia sobre la Unión Europea en el Centro Jean Monnet de la Universidad de Nueva York, su director, J.H.H. Weiker, preguntó a Borrell si era optimista respecto a la reconstrucción de la comunidad catalana como “una sola”.