JUDICIAL POLÉMICA
El jefe policial del 1-O se contradice en sus declaraciones ante los jueces
Dice que no leyó la orden del TSJC para mantener la convivencia, pese a discutir de ello con Puigdemont || Revela que polemizó con el mayor Trapero a mediodía
El coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la coordinación del operativo policial durante el referéndum del 1-O, admitió no haber leído la totalidad de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que especificaba que la convivencia ciudadana era el bien máximo a proteger en la jornada de votación. A este respecto, explicó que “la resolución que se entregó a los cuerpos policiales incluía solamente la parte dispositiva”. Sin embargo, tal y como demuestran las actas de la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre del año pasado, el coronel estaba al tanto de esta exigencia de los magistrados del alto tribunal catalán, ya que discutió sobre esa misma cuestión con Carles Puigdemont y su conseller de Interior, Joaquim Forn, además de con el propio Trapero. Asimismo, también reveló en el Supremo que mantuvo una discusión con el entonces major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero en el mediodía del 1-O. “Tuvimos una diferencia de criterio no demasiado amable sobre lo que hacía cada uno”, indicó, a la vez que insistió en que “el operativo de los Mossos estaba más encaminado a facilitar el desarrollo del referéndum ilegal que a impedirlo”. En otro orden de cosas, De los Cobos negó el pasado 1 de febrero ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que la Policía Nacional y la Guardia Civil cargara contra las personas que impedían su acceso a los centros de votación, según desveló ayer Catalunya Ràdio. “El concepto de cargas no lo admito, no hubo cargas”, aseguró en su comparecencia en calidad de testigo. Sin embargo, el día 14 del mismo mes, en su declaración ante la Audiencia Nacional, explicó que “no en todos los centros se utilizó la fuerza”. Por el contrario, manifestó ante Llarena que fueron “los agentes a los que se recibió con violencia y fuerza”, y denunció las “murallas humanas” encaminadas a “impedir la actuación policial”.
Por otro lado, ayer salieron a la luz más imágenes grabadas por la Policía Nacional durante su actuación en el referéndum del 1-O. En ellas, se escucha a los agentes comentar que “si no se ha ido con la costilla rota, poco le ha faltado” o “pegaba con la porra como si no hubiera mañana”. También se felicitan por haber “aguantado de cojones” pese a “como empujaban los hijos de puta”. Igualmente, en un vídeo se ve cómo arrinconan a una mujer contra la pared dentro de un centro de votación mientras le preguntan a gritos de “dónde están las urnas”. Por su parte, la Benemérita temía que Puigdemont y Forn empezaran un “conflicto armado con el Estado”, según un informe presentado en el Supremo y publicado ayer por Nació Digital.
La suspensión de los diputados, elevada al Pleno La comisión del Estatuto del Diputado acordó ayer con los votos favorables de JxCat, ERC, CUP y CatComú elevar al Pleno del Parlament el dictamen elaborado pactado entre juntistas y republicanos sobre la suspensión de los diputados procesados por rebelión en el Tribunal Supremo ordenada por el magistrado Pablo Llarena. Así las cosas, la diputada de JxCat Marta Madrenas advirtió que “no permitiremos que, desde fuera, se lleven a cabo injerencias absolutamente ilegitimas para tratar de alterar las mayorías”. En la misma línea, se expresó Gerard Gómez del Moral, de ERC. En cambio, ambos grupos rechazaron la enmienda presentada por la CUP. De este modo, el sentido del voto de los cupaires al dictamen que votará el Pleno el martes todavía no está decidido. Por su parte, socialistas y populares rechazaron participar en la votación, a la que calificaron de “teatralización”. Mientras tanto, los representantes de Ciudadanos abandonaron la sesión cuando comenzó el debate. A este respecto, el diputado naranja Carlos Carrizosa avanzó que su formación va a presentar una querella criminal contra los miembros soberanistas de la Mesa y contra el letrado mayor, Joan Ridao, por permitir que el dictamen llegue al Pleno. Tras el anuncio, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, afeó a Cs que se dedique a “amenazar” a los parlamentarios.