PANORAMA
Estrasburgo rechaza por infundadas la queja de una responsable del 1-O
Es la primera de las 19 denuncias presentadas contra España || La denunciante se enfrentaba a una multa diaria por ser parte de la coordinación del referéndum
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado indemnizar a una integrante de la sindicatura del ‘procés’ separatista en Catalunya –un órgano que no llegó a funcionar y que se planeó para hacer las veces de Junta Electoral en el referéndum del 1-O– que pretendía que se declararan vulnerados sus derechos fundamentales tras serle notificado por el Tribunal Constitucional que podría enfrentarse a una multa diaria de 6.000 euros por realizar esta función. Le responde que no hubo errores en este procedimiento porque era consciente de que su participación podría derivar en sanción. La recurrente es Montserrat Aumatell i Arnau, una abogada que fue designada por la Generalitat como vocal en la sindicatura electoral de la demarcación de Tarragona de cara al referéndum.
La demandante alegaba que se había vulnerado su derecho a un juicio justo porque la notificación de que se le impondría una multa diaria –que finalmente no se impuso a ninguno de los síndicos– no se le notificó personalmente, así que no podía considerarse involucrada en el procedimiento.
Rechaza admitir a trámite una querella, entre otros, contra la jueza belga del caso Puigdemont
En su resolución, los magistrados del tribunal de Estrasburgo rechazan por “manifiestamente infundada” la existencia por parte de España de una conducta que vulnere el Convenio Europeo de Derechos Humanos al estimar que deben darse por notificadas las decisiones del Tribunal Constitucional relativas a la suspensión del referéndum. Por ello, entienden que fue consciente de que su conducta podría derivar en multa e incluso en sanción penal.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene pendientes de resolución un total de 19 solicitudes más relacionadas con la situación política en Catalunya.
Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la admisión a trámite de las querellas por rebelión que presentó Vox, acusación en la causa del “procés”, entre otros contra la jueza belga que estudia la demanda del expresident de la generalitat Carles Puigdemont contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Vox presentó una querella inicial contra la juez belga, que después amplió al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé, a los otros cuatro exconsellers destituidos, y a la traductora de la demanda al francés, en su caso por presunta prevaricación y falsedad documental por haber supuestamente tergiversado las palabras que pronunció Llarena en un foro sobre la causa del “procés”.
