Un juez de Barcelona admite que 40 cargos del Govern que investiga no se rebelaron

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha admitido no apreciar indicios de rebelión o sedición en la actuación de la cuarentena de personas que investiga por su relación con los preparativos del 1-O y con el proceso independentista. En un auto de aclaración remitido a la defensa de Josuè Sallent, alto cargo del CETTI, indicó que únicamente aprecia indicios de malversación y que, en todo caso, no es competente para instruir una causa por rebelión o por sedición, que tendría que ser pilotada por la Audiencia Nacional. En la práctica, la resolución de Ramírez Sunyer afecta a los altos cargos del Govern de Carles Puigdemont detenidos el 20 de septiembre del año pasado, así como al resto de personas imputadas a partir de las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal sobre la hacienda catalana y los datos personales de los ciudadanos de Catalunya, como el exnúmero 2 de Oriol Junqueras en Economía, Josep Maria Jové, el exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, el mismo Sallent o el exasesor de la conselleria de Gobernación Joan Ignasi Sánchez. Por otro lado, el portavoz del Executiu de Puigdemont, Jordi Turull, cargó durante su comparecencia ante el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, del pasado 18 de abril, contra su encarcelamiento preventivo. En una grabación desvelada ayer por Catalunya Ràdio, Turull afeó a Llarena que le convierta “en un preso político” y le acusó de interrumpir su debate de investidura en marzo ordenando su reingreso en la cárcel. “Usted sabía que yo podría ser president, y por eso me encerró”, defendió el conseller cesado. Asimismo, Turull declaró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en relación con un presunto alzamiento de bienes del que se le acusa por haber donado parte de su patrimonio a su esposa meses antes del 1-O. Turull, que fue llevado desde la cárcel de Lledoners, dijo que hizo la donación porque temía por su salud y porque su mujer era la “legítima propietaria”. En otro orden de cosas, la Audiencia Nacional acordó ayer mantener el confinamiento de Tamara Carrasco, activista del CDR, en la ciudad de Viladecans porque “la actividad de los CDR no ha cesado”.